— Rechazo del encarnizamiento terapéutico. Cuando "los actos médicos resultan inútiles, desproporcionados o no tienen más efecto que el mantenimiento artificial de la vida, pueden ser suspendidos o no emprendidos". Los médicos obtienen la seguridad jurídica de que no incurrirán en responsabilidad en esas situaciones.

— Derecho a rehusar tratamientos. Cuando un paciente terminal "decide limitar o detener todo tratamiento, el médico debe respetar la voluntad de la persona después de haberle informado de las consecuencias de su decisión". A partir de ese momento se le dispensarán cuidados paliativos.

— Disposiciones anticipadas. Se admite la validez de un documento en el que el paciente haya manifestado sus disposiciones para el caso en que no esté en condiciones de expresar su voluntad. Son revocables en todo momento y deben haber sido redactadas menos de tres años antes. El médico "las tendrá en cuenta para toda decisión".

— Tratar el dolor con riesgo de abreviar la vida. "Si el médico constata que no puede tratar el dolor de una persona, en fase avanzada o terminal de una enfermedad grave e incurable (...), más que aplicándole un tratamiento que como efecto secundario puede abreviar la vida, debe informar al paciente", y a la familia o la persona de confianza.

— El caso del enfermo inconsciente. Cuando el enfermo terminal está inconsciente, la decisión de interrumpir el tratamiento debe ser realizada mediante un procedimiento colegial, consultando a la familia o persona de confianza y, en su caso, las directivas anticipadas.

— Cuidados paliativos. Se establece la obligación de crear camas para cuidados paliativos en los centros sanitarios.

Un tema que preocupa a los médicos y a los pacientes es el del tratamiento del dolor con el efecto secundario de abreviar la vida. La diferencia entre esto y la eutanasia depende del objetivo buscado. La decisión colegial y la consulta a la familia excluye cualquier clandestinidad o decisión unilateral del médico.

Otra cuestión crucial es la alimentación artificial, que ciertos sectores consideran como uno de esos medios desproporcionados que la ley permite suspender. En una declaración, el presidente de la Conferencia Episcopal, Mons. Jean-Pierre Ricard, ha dicho que "aunque los objetivos de la ley son aceptables, existen ambigüedades que importa aclarar. Mucho dependerá de la manera en que se aplique la ley". A no ser que el paciente lo rechace "convendrá mantener los cuidados corrientes, y especialmente buscar la manera más adecuada de alimentar al enfermo o, al menos, de aportarle elementos nutritivos".

Otros han criticado la ley, que en la Asamblea había sido aprobada por unanimidad y en el Senado sin los votos de la oposición, porque no prevé "la excepción de eutanasia", la posibilidad de que una persona pueda recurrir a una "ayuda para morir"

Publicado en Aceprensa.com / 2005-04-20 / 046/05