El texto de la declaración, titulada “Los Niños tienen Derechos”, es una respuesta al propósito del Gobierno de reformar el Código Civil y permitir la adopción de menores por parte de parejas homosexuales.

Frente a esta  situación, “diversos profesionales implicados en los derechos, la educación y el desarrollo de los niños manifestamos”:

• La adopción “pretende proporcionar a los menores un hogar estable y adecuado para su crecimiento físico, intelectual y moral”.

•  “Nuestra experiencia profesional nos demuestra que los niños, desde los primeros meses de vida, elaboran la figura del padre y de la madre independientemente de que conozcan o no a sus padres biológicos”.

•  “La legislación española establece que el régimen jurídico de la adopción se fundamenta en los principios de integración del niño en una familia y en la primacía del beneficio del menor que va a ser adoptado”.

• “No existen estudios científicos rigurosos sobre las consecuencias que tendría en los niños la adopción por homosexuales”; y, de realizarse tales estudios, estarían empleando a menores “como objetos de experimentación sin valorar los riesgos físicos y psíquicos”.

• “El rechazo o la prevención respecto a la adopción de niños por parejas de homosexuales ha sido expresado por juristas, médicos, psiquiatras y personalidades públicas”.

Como consecuencia, los profesionales que suscriben la declaración afirman que  los niños tienen derecho a poseer un referente masculino y otro femenino. Por ello, rechazamos la legalización de la adopción de menores por parte de parejas homosexuales.

Además, “tiene derecho a formar parte de una familia semejante a la familia natural, constituida por un hombre y una mujer; a crecer en un entorno que les permita el desarrollo de su personalidad física, intelectual y moral; a no ser discriminado ni sometido a experimentos traumáticos y a crecer en las mismas condiciones y con iguales oportunidades que el resto de sus compañeros que tienen un padre y una madre”.

“Profesionales por la ética” está recogiendo adhesiones a la declaración, el total de las cuales será enviado al Presidente y Vicepresidenta del gobierno, al Ministro de Justicia, a los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado; así como a los medios de comunicación.