La acción fue presentada por el entonces procurador General de la República, Claudio Fonteles, y considera la destrucción de un embrión humano con fines científicos como una violación al derecho a la vida.
Durante la votación, dos magistrados dieron su visto bueno a las investigaciones, pero el juez Carlos Alberto Direito pidió más tiempo para estudiar los argumentos presentados en la sesión y pidió postergar la decisión por un plazo de entre 10 y 30 días.
En la sesión, el relator del caso, Carlos Britto, hizo una extensa defensa de la investigación con células embrionarias. Su voto favorable fue seguido por el de la presidenta del tribunal, Ellen Gracie.
El Tribunal cuenta con once miembros. La mayoría ha sido designada por el mandatario actual y su predecesor.
Según sostienen los analistas, el argumento de que el uso de células embrionarias ayudará a curar enfermedades no está probado. Debido sus implicancias éticas, estos experimentos no son permitidos en Estados Unidos, donde el uso de células madre adultas
