Autonomía y pacientes reclusos

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Los autores estudian una reciente sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo en la que se declara la responsabilidad patrimonial de la Administración por la muerte de un paciente preso. Se analizan los argumentos de la Sala desde una perspectiva jurídica, ética, médica y social.

Concluyen que:

  • 1: la Administración no está legitimada para imponer tratamientos médicos a los reclusos, salvo que medie riesgo grave y cierto para su vida, incapacidad para decidir o riesgo para la salud de terceros;
  • 2: que la sentencia supone un ataque frontal a la autonomía de los pacientes presos en la toma de decisiones sanitarias que les afecten;
  • 3: que desde un punto de vista médico es discriminatoria, ya que no mide por el mismo rasero a todas las enfermedades crónicas que se pueden dar en prisión y
  • 4: que resulta inasumible en la práctica diaria, porque su estricta aplicación alteraría considerablemente la ya de por sí frágil ordenada convivencia en un centro penitenciario.

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