El presente artículo gira en torno a las consecuencias sanitarias y sociales del polémico Real Decreto 666/2023, el cual entró en vigor el pasado 2 de enero de 2025.
En el mismo, se establecen nuevas regulaciones sobre el uso de medicamentos veterinarios e introduce el denominado PRESVET, una base de datos creada por el Ministerio de Agricultura, para supervisar el uso de antibióticos en el entorno veterinario.
El objetivo principal de esta normativa es regular el uso, la distribución y la prescripción de medicamentos veterinarios, así como garantizar el uso racional de los antibióticos en animales. En definitiva, se pretende controlar el uso, o más bien el abuso, de los antibióticos en granjas y grandes explotaciones destinadas al consumo humano para evitar la resistencia antimicrobiana.
Este real decreto está en línea con presupuestos establecidos por el concepto internacional de “One Health” (una salud) de la Organización Mundial de la Salud, que considera que la salud humana, animal y medioambiental están interconectadas.
Según los datos estadísticos este hecho es incontestable: alrededor del 60% de las enfermedades infecciosas emergentes que se registran en el mundo proceden de los animales, tanto salvajes como domésticos. En las últimas tres décadas, se han detectado más de 30 nuevos agentes patógenos humanos, el 75% de los cuales tiene su origen en animales.
Esta conexión se puso claramente de manifiesta en el inicio de la pandemia del COVID-19, dado que el virus saltó del mundo animal al humano, generando un auténtico caos sanitario. Por ello, es necesario combatir la resistencia a los antibióticos que es la causante de miles de muertes al año y que se considera una seria amenaza para la salud global.
No obstante, la realidad hasta la fecha, es que el nuevo real decreto ha encarecido en gran medida el coste de las consultas veterinarias, dado que antes de prescribir un antibiótico es obligatorio realizar los cultivos y/o análisis pertinentes al animal (que pueden demorarse hasta 72 horas) para determinar la causa específica de cualquier infección. Esto va acompañado además del registro de dicho antibiótico en el PRESVET, de lo contrario los veterinarios se enfrentan a multas muy significativas que oscilan entre los 3000 y los 90.000 euros.
Las principales críticas a esta ley se pueden resumir en lo siguiente:
- Implantación del Decreto Ley sin previo diálogo y consenso con los colegios profesionales de veterinarios, como ya ocurrió en el caso de la Ley de Bienestar Animal aprobada en el año 2023 en similares circunstancias (https://www.bioeticablog.com/bienestar-animal/).
- Sobrecarga burocrática para los veterinarios que ralentiza la aplicación de tratamientos necesarios para el animal.
- Multas desproporcionadas por no indicar debidamente todo lo que prescriben en la herramienta central PRESVET.
- Desigualdad fiscal, ya que la atención sanitaria humana tiene un 0% de IVA, mientras la veterinaria soporta una carga del 21%.
- Riesgos para la salud del animal, puesto que ya se han relacionado varias muertes de animales por el retraso en la aplicación de antibióticos.
Este sería el caso de una perra llamada Selva, de la raza Jack Russell que falleció en Galicia el pasado mes de febrero. La causa fue una sepsis por no recibir el tratamiento de antibióticos adecuado con urgencia. El grupo gallego Veterinario Adrisa denunció a través de las redes sociales que este era el primer fallecimiento directamente atribuible al nuevo real decreto. La trágica realidad es que la nueva legislación impidió suministrar a Selva antibióticos más potentes a falta de un cultivo previo para aislar la bacteria responsable de la infección, cuyos resultados llegaron cuatro días después de su fallecimiento.
La implantación de la norma en el cuidado de los animales de compañía está resultando especialmente controvertida, dado que ha encarecido considerablemente la atención sanitaria y está suponiendo un auténtico problema para los veterinarios. Muchos de ellos reciben en su consulta tanto animales prácticamente moribundos, porque se pospone la atención médica hasta el último minuto dado sus elevados costes económicos, como animales con infecciones tratables que no se salvan por la trabas burocráticas. Este sería el caso de la perrita Selva.
Por supuesto, el fallecimiento de la perra Selva ha generado una gran indignación tanto por parte de los ciudadanos, como del colectivo veterinario, que ya se han manifestado públicamente en contra de la norma mediante marchas por toda España. En este sentido, los profesionales demandan una revisión urgente del real decreto, que además sea debidamente consensuada con ellos mediante un diálogo real, para evitar futuros problemas.
La controversia de esta nueva ley del medicamento para uso sanitario muestra, de nuevo, los graves efectos colaterales de la Bioprecariedad farmacológica que alude a la violencia estructural contra la vida causada por la falta de acceso a fármacos (y a otros productos) esenciales para la salud por los elevados precios de los productos farmacéuticos protegidos por patente.
En este escenario cabe añadir que la Bioprecariedad farmacológica en el ámbito animal se produce por:
- La falta de acceso a fármacos por los elevados costes de las pruebas específicas.
- El tiempo de espera relacionadas con las mismas.
Ambos factores desencadenaron la muerte de la perra Selva en Galicia. La Bioprecariedad farmacológica puede suponer el aumento del abandono de animales por la incapacidad de mantenerlos, así como un grave perjuicio para el colectivo de veterinarios que no pueden ofrecer salidas factibles a situaciones difíciles.
Por otra parte, incluso pudiendo acceder a los antibióticos necesarios, el nuevo decreto ya no prevé su venta en la consulta veterinaria, sino solo en farmacias donde se dispensan cajas enteras de fármacos, en lugar de las dosis necesarias como se hacía antaño. Esta circunstancia ha dado lugar a numerosas quejas por parte de los dueños de mascotas que han visto encarecida no solo la asistencia veterinaria, sino también los fármacos.
Las consecuencias más graves han sido asimismo la emergencia de una suerte de “mercado negro” de antibióticos para uso veterinario, el comercio ilegal por internet y la automedicación. De hecho, los veterinarios alertan de que la venta ilegal de medicamentos para mascotas ha aumentado desde la entrada en vigor de la norma el pasado mes de enero.
Ante este escenario, parece evidente que el nuevo Real Decreto no solo no ha alcanzado el objetivo que perseguía (reducir el uso de antibióticos), sino que ha empeorado notablemente el bienestar animal, ya que encarece y dificulta notablemente los servicios veterinarios.
En este sentido, Martha Nussbaum y su enfoque de las capacidades y el desarrollo humano también hace hincapié en el valor de los animales y en la necesidad de proteger las capacidades de todas las criaturas sensibles y capaces de experimentar dolor. Según Nussbaum, las relaciones con otras especies y con el mundo de la naturaleza constituyen una capacidad humana y deben ser protegidas.
Cabe esperar que en el futuro se tenga en cuenta que la promoción del bienestar animal redunda en último término en el bienestar humano, tanto a nivel sanitario como emocional. No en vano, muchas de esas mascotas aportan el cariño y la compañía que muchas personas necesitan, pero no han encontrado en sus congéneres.
