Ninguna de las personas con las que se podía hablar parecía apreciar que el acceso universal a cuidados paliativos financiados en su totalidad por el NHS podría ser una solución alternativa a cambiar la ley sobre asesinatos médicos en el Reino Unido.o.
El coro de reacciones indignadas de la mayoría de los líderes políticos europeos al día siguiente del anuncio, denunciando una peligrosa vulneración de los derechos de la mujer, ya presagiaba una reacción en contra en el Viejo Continente, donde el 95% de las personas en edad reproductiva viven en países que permiten el aborto a petición o por amplios motivos sociales.
Los llamamientos a legislar para proteger un derecho supuestamente “fundamental” fueron seguidos rápidamente por la acción en la mayoría de los casos, lo que hizo temer una erosión gradual de la libertad de conciencia, en particular de la cláusula de conciencia del personal médico.
Mientras algunos expertos ven en estas tensiones una prueba tangible de que la cuestión del aborto nunca se normalizará, el profesor estadounidense Hadley Arkes señala el fracaso de los conservadores occidentales a la hora de inscribir en la conciencia colectiva la naturaleza intrínsecamente inmoral del aborto.
Radicalización de las políticas pro-aborto
En su informe de octubre de 2023, el Centro de Derechos Reproductivos celebró que la tendencia general en la mayoría de los países europeos haya sido de avance hacia la legalización del aborto y la eliminación de barreras y restricciones.
Este estado de cosas no parece haber sido suficiente para apaciguar a los defensores del aborto, que han convertido el caso Dobbs contra Jackson Women’s Health en una amenaza directa a un “derecho” que ningún partido político gobernante en Europa cuestiona.
En Francia, el Gobierno de Emmanuel Macron, que anunció su intención de consagrar el derecho al aborto en el mármol constitucional ya el 25 de junio de 2022, acabó ganando el pulso en marzo tras una batalla parlamentaria de varios meses. El país se convirtió así en el primero del mundo, después de la Yugoslavia comunista de Tito en 1952, en hacer del aborto un derecho constitucional.
En el ámbito de las instituciones europeas, el Parlamento Europeo ya había adoptado una primera resolución el 9 de junio de 2022, anticipándose a Dobbs, en la que se “animaba encarecidamente al gobierno de Estados Unidos y/o a otras autoridades estadounidenses pertinentes a eliminar todas las barreras a los servicios de aborto“. También pedía a los Estados miembros de la Unión Europea que incluyeran el derecho al aborto en la Carta de los Derechos Humanos Fundamentales.
El pasado mes de abril se adoptó una nueva resolución en este sentido. Aunque no tiene carácter vinculante, ya que la UE carece de competencias para definir la política sanitaria, que sigue siendo competencia de los Estados miembros, esta resolución tuvo un fuerte alcance simbólico, entre otras cosas porque fue aprobada por el Parlamento Europeo con una clara mayoría, 336-163.
Al parecer, fue esta misma determinación de los movimientos abortistas la que llevó a la derrota en las elecciones polacas de octubre de 2023 del partido conservador PiS, que en 2020 había restringido el acceso al aborto a los casos de violación e incesto o peligro para la madre.
De hecho, los observadores creen que el voto masivo -y sin precedentes- de las mujeres a favor de los partidos de izquierda proabortistas desempeñó un papel decisivo en el resultado de la votación. La nueva coalición de izquierdas presentó al llegar al poder un proyecto de ley que autoriza el aborto hasta las 12 semanas y que se debatirá en el Parlamento polaco en los próximos meses.
En 2023, el Consejo Constitucional español aprobó el plan del Gobierno socialista de Pedro Sánchez para liberalizar aún más el aborto, haciéndolo accesible en todos los centros sanitarios públicos y, a partir de los 16 años, sin necesidad de consentimiento paterno.
Esta cuestión, que por su recurrencia parece haberse convertido en un importante obstáculo, volvió a ser tema de debate en la cumbre del G7, celebrada en Italia del 13 al 15 de junio. La prensa internacional informó de tensiones entre Francia, Canadá y Estados Unidos, por un lado, e Italia, por otro.
Al parecer, la primera ministra italiana, la conservadora Giorgia Meloni, se negó a incluir una referencia al derecho al aborto en la declaración final del G7. Aunque Meloni negó cualquier responsabilidad en la supresión de la referencia, que calificó de innecesaria, puesto que el derecho al aborto ya era un hecho, el presidente Macron declaró que era “lamentable” que la palabra no apareciera en la versión final del documento.
¿El fin de la objeción de conciencia?
Más allá de las controversias políticas, una de las cuestiones centrales que plantea esta nueva aceleración en la expansión del acceso legal al aborto en Europa es el futuro de la libertad de conciencia de quienes se niegan a esta práctica, entre los que destaca el personal médico.
En el caso de Francia, la libertad de abortar ha adquirido valor constitucional y se ha convertido de facto en superior a la cláusula de conciencia de los médicos, que sólo tiene valor jurídico, como señaló el jurista Nicolás Bauer en una entrevista a CNA. Este mismo problema se extendería a otros países europeos que decidieran seguir los pasos de Francia. Se debe tener en cuenta, además, que poco después de que se hiciera oficial la votación, algunos de los promotores franceses de la constitucionalización del aborto pidieron que se restringiera la cláusula de conciencia.
A escala europea, el derecho a la objeción de conciencia garantizado por el artículo 10 de la Carta de los Derechos Fundamentales, pero sujeto a “las leyes nacionales que regulen el ejercicio de este derecho”, chocaría naturalmente con el derecho al aborto, si los 27 Estados miembros de la UE votaran un día unánimemente a favor de su inclusión.
Polonia, que aún no ha aprobado el proyecto de ley de su gobierno para ampliar el aborto, aprobó el pasado mayo una resolución que restringe la cláusula de conciencia. Esta exige que todos los hospitales dispongan de al menos un médico capaz de practicar un aborto en las condiciones establecidas por la ley.
Esta presión sobre quienes se oponen al aborto por medios legales también se manifestó en las detenciones de activistas provida ante centros abortistas en Inglaterra e Irlanda en 2023. Se les acusó de violar, con su mera presencia, zonas de libre acceso a los lugares recién ordenadas por las autoridades locales.
Preocupación en la Iglesia
El estallido ideológico europeo a raíz de Dobbs no ha pasado desapercibido para la jerarquía de la Iglesia católica, empezando por el propio Papa Francisco, que recientemente expresó su preocupación por la extensión de una “cultura de la muerte” en Europa durante una audiencia con los obispos de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE).
Tras el voto del Parlamento Europeo a favor de incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales, el presidente de la Academia Pontificia para la Vida, el arzobispo Vincenzo Paglia, denunció a su vez una “regresión cultural significativa” en el Viejo Continente.
Aunque admitió que no le sorprendía el resultado de la votación, dada la orientación de las instituciones europeas en los últimos años, el secretario general de la COMECE, el padre Manuel Enrique Barrios Prieto, hizo un llamamiento a la Iglesia para que, con el fin de superar este impasse político, aborde directamente el problema de la educación y la formación de las conciencias sobre la cuestión del carácter sagrado de la vida.
La “derrota ideológica” de los conservadores
Más allá de las batallas jurídicas, parece que los detractores del aborto han perdido sobre todo la batalla ideológica y moral en torno a esta cuestión, ya que las políticas favorables al aborto cuentan con el apoyo de una proporción cada vez mayor de los ciudadanos de los países europeos.
De hecho, mientras que el abogado Gregor Puppinck, director del Centro Europeo para el Derecho y la Justicia (ECLJ), declaró al Register en 2022 que la reacción exagerada de la clase dirigente europea ante Dobbs era una señal alentadora de que el aborto nunca se normalizó, el profesor estadounidense Hadley Arkes -el hombre que estuvo detrás de la Ley de Protección del Niño Nacido Vivo de 2002- es menos optimista.
En una entrevista concedida al Register el 14 de junio, este católico converso y figura emblemática de la lucha por la vida en Estados Unidos expresó su alarma por la pendiente resbaladiza en la que se ha embarcado Occidente en las últimas décadas, y que Dobbs no ha hecho nada por detener.
Señalando que el número de abortos practicados en EE.UU. también se ha disparado desde que el aborto se devolvió a la autoridad de los estados, cuestionó una “jurisprudencia moralmente vacía” centrada en si el aborto era constitucional, en lugar de en la naturaleza intrínsecamente inmoral de la práctica.
“Los conservadores no han hecho nada para entablar la batalla filosófica y moral y hacer comprender a la gente que se trata de vidas humanas, y el movimiento provida se merece algo mucho mejor que una supuesta jurisprudencia conservadora que elude la cuestión principal, que es moral en esencia”, dijo Arkes.
“Esta torpe labor de los conservadores en Occidente ha hecho que el discurso provida sea hoy inaudible; se ha hecho prácticamente imposible criticar públicamente el aborto“, añadió, en referencia a la campaña presidencial estadounidense que comenzó sin un claro candidato provida.
En su opinión, es poco probable que esta mayor impotencia de los dirigentes políticos estadounidenses, que suelen ser más activos en la defensa de la vida que sus homólogos europeos, invierta la tendencia en el Viejo Continente. Ello hace aún más imperativa la misión educativa y evangelizadora de la Iglesia y de sus misioneros.
Publicada en NCRegister por Solène Tadié | 02 de julio de 2024 | How Dobbs Accelerated Europe’s Abortion Culture
