Resumen:
Este ensayo pretende justificar cómo en México, la aplicación, o siquiera la discusión pública acerca del derecho del enemigo será letra muerta. Las condiciones socio político jurídicas que privan en la actualidad no hacen posible siquiera integrarlo en la agenda pública, a pesar de los cada vez más elevados índices delictivos que han rebasado al Estado Mexicano, dejándolo al borde de un Estado Fallido. Tomando las estadísticas y estudios de organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, así como la legislación mexicana vigente se expondrán argumentos derivados del análisis objetivo, del enraizamiento del narcotráfico y la delincuencia organizada, en las instituciones y poderes del Estado Mexicano.
Estado y razón de ser
El problema del narcotráfico es visto como un asunto de seguridad nacional en todo el mundo. México vive una etapa donde la violencia ha desbordado a la autoridad, poniéndolo a merced, en términos de la ciencia política y de la teoría del Estado fallido, entendiendo por este “podría decirse que un Estado es fallido o comienza a fallar cuando las estructuras internas no son viables, y por ende, el aparato se hace disfuncional y se complejiza al momento de responder a todas las demandas de la ciudadanía; llevando a que los bienes tanto políticos como sociales, económicos y culturales, se vean deteriorados. Así́, se dirá́ que un Estado falla cuando otros agentes le disputan el monopolio de la violencia, las condiciones de inseguridad se establecen como un común denominador, las políticas sociales se hacen ineficaces para responder a las demandas de la comunidad, el régimen político se degenera y deja de representar o servir a las personas, la economía es obsoleta y genera todo tipo de crisis, el desarrollo humano y la seguridad humana no se garantizan o son precarios, entre otros.
Del mismo modo, hay que recordar que existe una problemática de sinonimia en cuanto a otras topologías estatales (Estados criminales, Estados débiles, cuasi Estados, y otros) que se suelen relacionar y utilizar indiscriminadamente en relación al Estado fallido. Pero se debe advertir, que el Estado fallido es una teoría propia que se viene trabajando hace más de dos décadas, y tiene su propia aglomeración teórica.
Por otra parte, y otro tema que genera un gran debate en la teoría de la falla estatal, es la metodología utilizada para medir y dictaminar a los Estados fallidos. El método por excelencia para establecer qué Estado es fallido, es el cuantitativo, ya que en la última década se ha dado una proliferación de índices de Estados fallidos; pero tales índices tienen una serie de críticas, tales como su ahistoricidad, sus variables, y demás. A pesar de la serie de objeciones que desde la literatura especializada se han puesto, vale la pena advertir que son valiosos esfuerzos para saber qué Estados están en una situación de fracaso, así́ como la intensidad de anomia que sufren; por lo que, si bien se deben analizar con cautela, son un referente importante en el tema.
Para terminar, y entrando al último tema que se trabajó́ en el texto, hay que decir que los Estados fallidos están directamente relacionados con la intervención internacional, ya que la sociedad internacional entra en constantes dilemas de qué hacer con los mismos, debido a que se presume que dichos Estados no representan sólo un problema interno, sino que también lo son para la región en que se encuentran y el resto del mundo. Es por ello que se han practicado y se practican intervenciones internacionales (humanitarias y militares), para salvar a los Estados fallidos; porque en ellos se violan los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, las consecuencias de tales actos no tienen los mejores resultados.” [i]()
El surgimiento del Estado moderno tiene una razón de ser: garantizar la seguridad de sus habitantes, de lo cual, la Constitución Política Mexicana establece la obligación del Estado a salvaguardar los derechos humanos de sus pobladores. En un concepto amplio, la seguridad implica la ausencia de riesgo o peligro, esto es, que el individuo viva en un entorno donde tenga la certeza de que tendrá acceso irrestricto a todos los derechos que emanan de la Carta Magna (Salud, educación, trabajo bien remunerado, vivienda, entre otros) siendo la seguridad a la integridad física la que más se valora y exige a una autoridad.
El hecho de sentirse sin riesgo a la violencia, a ser víctima de la delincuencia en cualquiera de sus modalidades, tanto en su hogar como en la vía pública, es un derecho que cada día se percibe como ausente por parte de los mexicanos. De acuerdo con los resultados del decimonoveno levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI durante la primera quincena del mes de marzo de 2018, durante ese mes 76.8% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro. De la misma manera, este instituto señala que la tasa de muertes violentas durante 2017 fue de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes, registrándose 31,174 homicidios en el país.
En lo que va de 2018, de enero a julio, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública las Procuradurías y Fiscalías estatales iniciaron 16 mil 339 carpetas de investigación por homicidio doloso, cifra sin precedentes para un periodo idéntico. En la ciudad de Guadalajara tan solo en agosto se registraron 182 homicidios y el atentado en contra de un ex fiscal, Luis Carlos Nájera, a plena luz del día en la avenida Chapultepec, una de las más concurridas de la capital jalisciense.
De esta manera, con una tasa de 102.2 asesinados por cada 100 mil varones, Guerrero, está por debajo del promedio nacional que reporta El Salvador y de Cabo Oriental, en Sudáfrica, con 103.5 y 102.9 homicidios, respectivamente, reporta el programa Métrica y Evaluación en Salud, de la Universidad de Washington, cuyo departamento académico analiza información de 195 países.
Esto se suma a la ciudad de Los Cabos, que recientemente fue señalada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, como la más violenta y peligrosa del mundo, ya que tiene una tasa de 111,33 homicidios por cada 100.000 habitantes. El reporte indica que pasó de tener 61 asesinatos durante 2016 a 365 en 2017, lo que representa un incremento de casi el 500% en apenas un año.
Cabe resaltar que, dentro de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, nuestro país cuenta con ¡12! Destacando, además, Tijuana, Acapulco, Cd. Victoria, Culiacán, Tepic y Juárez.
Este nos viene a demostrar que la delincuencia se organiza más y mejor que los gobiernos, que carecen de cualquier coordinación o estrategia para hacerles frente, esto se demuestra cuando el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval declaró “Vienen días complicados, no les miento, la ola de violencia no se va a terminar,” sin embargo, a pesar de saberlo, no se han tomado acciones inteligentes y de fondo para contrarrestarlo.
Con justa razón la sociedad sigue inerte y atemorizada, ante la falta de efectividad de sus gobernantes no hay en lo inmediato una luz de esperanza que permita hacernos sentir más seguros.
Durante su sexto y último informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto reconoce causas externas e internas detrás del repunte de la violencia.
En el lado de las causas externas sostiene, como ejemplo, el aumento de la demanda de drogas en los Estados Unidos – principalmente derivados del opio –, combinado con el “creciente” flujo de armas de alto poder y dinero a los cárteles desde ese país a México.
En cuanto a los motivos internos, señala que pese a que las grandes estructuras criminales han visto acotada su presencia y organización por la caída de varios de sus líderes, estas han diversificado sus actividades criminales y han recrudecido la disputa elevando la violencia.
El informe destaca además que hay una “enorme disparidad entre las capacidades policiales de las instituciones federales y locales”, es decir, señala que las fuerzas locales de policía no se han desarrollado lo suficiente, situación grave ya que la mitad de los homicidios (según el documento) son producto de delitos locales.
“Las organizaciones de la delincuencia organizada, han ampliado su espectro de acción criminal, lo que explica el aumento de los índices de incidencia en otros delitos de alto impacto, tan graves como la extorsión y la trata de personas, entre otros; no obstante que delitos como el secuestro se han logrado contener. Como se describe previamente, entre las causas estructurales hay responsabilidades de los distintos poderes y órdenes de gobierno”, señala el mandatario.
Narco estado sin derecho
El avance del crimen organizado en México data desde finales de los años 70 del siglo pasado, donde se fortaleció a las grandes sumas de dinero que los capos otorgaban a los políticos para dejarlos realizar sus operaciones.
“Luis Astorga ha desarrollado la tesis de que, con la consolidación del régimen priísta, el tráfico de drogas pasó de ser un asunto que implicaba liderazgos y alianzas locales a un fenómeno de alcance nacional. Aunque los operativos de los años 1970 hayan sido exitosos, propiciaron el aumento de poder y capacidad de organización de los traficantes. En este fenómeno convergieron, por lo menos, dos procesos. En primer lugar, los cabecillas de las bandas, especialmente de Sinaloa, tuvieron que migrar a otros estados. En palabras de Astorga:
La “acumulación primitiva” de los narcotraficantes mexicanos fue constituida mayormente con el tráfico de opio y después de mariguana. Este capital se reinvirtió en los años setenta […] con el propósito de entrar en la bonanza de la cocaína en coalición con los colombianos —al mismo tiempo fueron desplazando a los pioneros cubanos en el área.
En efecto, luego de las “exitosas” operaciones de erradicación, intercepción y aprehensión de narcotraficantes en los años 1970, muchos narcotraficantes huyeron de sus zonas tradicionales de operación, para refugiarse en otras ciudades, como Guadalajara, justo cuando empezaba el sexenio de Miguel de la Madrid. A partir de ahí, el narcotráfico se volvió una actividad que implicaba operaciones nacionales e internacionales, con la protección de algunas instancias de gobierno” [ii]
Con el paso del tiempo, por las ganancias exorbitantes que esto genera, el narcotráfico ha pasado de contar con la protección gubernamental a involucrarse en la vida política del país, al grado de existir regiones donde son los jefes de los cárteles quienes designan candidatos, como se demuestra en el pasado proceso electoral de julio, en palabras del analista Jorge Zepeda Patterson, “Pasamos tanto tiempo temiendo que el dinero de los cárteles de la droga financie campañas electorales de los políticos, que nunca vimos venir a los sicarios que llegaron para ejecutarlos. Todo indica que los narcos decidieron que los funcionarios no son de fiar, incluso comprados; y que resulta mucho más seguro tener los propios. ¿O de qué otra manera entender el medio centenar de candidatos asesinados durante la presente campaña electoral? (123 personas si se incluyen a funcionarios públicos)”[iii]
Asimismo, “Edgar Cortez, director del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, experto en temas de seguridad y libertades civiles, señala que, ante esto, hay dos hipótesis principales, indica que la primera tiene que ver con las ejecuciones en zonas de influencia del narcotráfico en el Estado de México (centro) y los estados de Guerrero (sur), Michoacán (oeste), Veracruz (este), y Tamaulipas (noreste).
En esas regiones “”los homicidios de regidores y alcaldes son resultado de la injerencia de la delincuencia organizada por el control de esas zonas””, explica Cortez.
Las articulaciones de esa violencia del narcotráfico —que también secuestra, extorsiona y trafica con personas—, con la contienda política y autoridades, “va desde candidatos que ya estaban sometidos a una relación con la delincuencia y no quisieron seguir el trato, hasta otros que comenzaron a ser presionados y se negaron a comprometerse”, sostiene.
También se presentan casos en los cuales “” aparentemente, no cumplieron la relación con los criminales, y en otros casos podría ser resultado de una abierta disputa de grupos que ordenan acciones contra los candidatos para obtener más fuerza en esas regiones””.
En un ambiente tan crispado, además de la aguda polarización política “la espiral de violencia favorece a que algunos se aprovechen, para saldar venganzas privadas”, continuó.
En la semana que termina ocurrieron dos asesinatos de candidatos a alcaldes, que elevaron a 95 los homicidios de participantes en las campañas y 305 las agresiones, directas e indirectas, en contra de actores políticos y familiares, según el Cuarto Informe de Violencia en México elaborado por la consultora independiente en seguridad Etellekt.
De ese total, al menos 35 eran precandidatos y candidatos, autoridades electas y dirigentes partidistas, sobre todo del ámbito municipal, además de 44 familiares de actores políticos que también fueron asesinados. La mayor parte de estos homicidios fueron “” responsabilidad de comandos armados, sin dejar de mencionar un porcentaje importante de víctimas que previamente fueron privadas de su libertad y halladas con señales de tortura y violencia extrema””, indica la consultora”.[iv]
Derecho del enemigo.
El doctor alemán Gunter Jakobs acuñó a mediados de la década de los 80 del siglo pasado, el término del “Derecho del Enemigo” basado en el Contrato Social de Jean Jacques Rousseau, mismo que establece en el Capítulo V del Libro II “Del derecho de vida y de muerte”:
“… todo malhechor, atacando el derecho social, conviértase por sus delitos en rebelde y traidor a la patria; cesa de ser miembro de ella al violar sus leyes y le hace la guerra. La conservación del Estado es entonces incompatible con la suya; es preciso que uno de los dos perezca, y al aplicarle la pena de muerte al criminal, es más como a enemigo que como a ciudadano. El proceso, el juicio constituyen las pruebas y la declaración de que ha violado el contrato social y, por consiguiente, ha dejado de ser miembro del Estado…”
Es decir, según Rousseau, debe mediar un proceso y una sentencia, para que una persona pudiera ser declarada como enemigo y una vez realizado esto, perdía su calidad de ciudadano.
La tesis del contrato social de Rousseau involucra el aspecto del papel social del ciudadano y cuando este viola dicho contrato perderá tal calidad; además quien ataca el derecho social por sus delitos, es un rebelde y, ante la conservación del Estado, ésta debe prevalecer sobre la vida del criminal.
Este fundamento lo toma Jakobs para dividir la sociedad y establecer un derecho penal para los ciudadanos y otro para los enemigos, a los que define como: “aquellos individuos que con su actitud, su vida económica o mediante su incorporación a una organización delictiva, de manera permanente, se han apartado del Derecho en General y del Penal en particular; por lo que no garantizan la mínima seguridad cognitiva de un comportamiento conforme a derecho”
Sus características son:
- a) se constata un amplio adelantamiento de la punibilidad;
- b) las penas previstas son desproporcionadamente altas; y
- c) determinadas garantías procesales son relativizadas o incluso suprimidas“[v]
De lo anterior podemos afirmar que “Se trata, en definitiva, de una legislación de lucha o de guerra contra el enemigo cuyo único fin sería su exclusión o inocuización, de tal manera que el ordenamiento jurídico reacciona frente a ese tipo de criminalidad, no compensando un daño a la vigencia de la norma, sino eliminando un peligro.”[vi]
Jakobs admite el derecho del Estado, fundamentado en criterios de eficacia, a “procurarse seguridad ante “enemigos” que reinciden persistentemente en la comisión de delitos, y un derecho de los ciudadanos “a exigir del Estado que tome las medidas adecuadas, es decir, tienen un derecho a la seguridad”. [vii]
Ahora bien, en México, se tienen varias aristas para poderlo implementar dentro del andamiaje jurídico, la primera de ellas es el sistema penal acusatorio, que se impulsó en el 2008 en reforma y que se instauro en el año 2016, mismo que ha dejado bastante que desear, porque fue creado para la no saturación de los penales, un sistema adoptado por diversos países de latino américa, y en consecuencia, el índice de delincuencia va en aumento, porque el delincuente es dejado en libertad, y esto conlleva a que se sienta imbatible ante el sistema judicial.
La existencia de los vacíos legales y la falta de jueces preparados en materia especializada, traen consigo que el sistema este rebasado y sea ineficiente para sancionar e inhibir la delincuencia.
Por otra parte, como leyes secundarias para combatir la delincuencia organizada se emitieron la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y la Ley Federal de Extinción de Dominio, mismas que están plagadas de ambigüedades e indefiniciones en sus procedimientos y conceptos, además de que no se legislaron bajo los principios que dicta el derecho del enemigo.
Por último, el artículo 14 constitucional que a la letra establece “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.”
El espíritu garantista de nuestra Carta Magna es un escollo difícilmente salvable para la legislación del Derecho del Enemigo.
Por otra parte, el sistema de readaptación social no cumple con su cometido ya que, en promedio histórico, de 2014 a 2016, 15 por ciento del total de ingresos se debieron a esta causa. De acuerdo con el documento Estadística sobre el sistema penitenciario estatal en México, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los delitos que afectan el patrimonio son el principal motivo por el cual retornaron a los centros carcelarios.
Sin embargo, el robo simple a vehículo, homicidio, posesión de narcóticos, lesiones y robo a casa habitación representan en su conjunto 57 por ciento por el que recaen los delincuentes.
De la misma manera, “La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realiza visitas a las cárceles para elaborar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, y en 2016 encontró que algunas de las irregularidades más comunes en centros estatales (CERESOS) son: insuficiente personal de seguridad y custodia, falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo, condiciones de autogobierno, falta de prevención y atención de incidentes violentos, presencia de objetos y sustancias prohibidas, y grupos de internos que ejercen violencia o control sobre el resto de la población. Como nota, los centros federales (CEFERESOS) están mejor evaluados que los centros estatales en el informe de la CNDH, pero también cuentan con problemas en cuanto a deficiencias en los servicios de salud, escasez de actividades educativas, deportivas, laborales, o insuficiencia de personal.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizó una encuesta en 2016 para recabar información sobre las condiciones de vida de la población privada de la libertad en el país, y los datos indican que 33.2% ha sido víctima de algún delito dentro de prisión– y estas agresiones se repiten con mucha frecuencia (se registra victimización múltiple). Según el INEGI, 25.1% de las personas privadas de la libertad ha tenido conflictos directos con sus compañeros de celda o custodios, 10.8% ha sido víctima de algún acto de corrupción dentro de la cárcel: pagos para el pase de lista, para tener aparatos eléctricos, para tener agua potable, para acceder a servicios médicos, psicológicos o escolares, para tener una cama, para ir a juzgados, o para tener protección, entre otras razones. Así pues, el Estado no ha otorgado las herramientas suficientes para garantizar la reinserción social; de hecho, datos del INEGI indican que 6% de las personas privadas de la libertad considera que es probable regresar a prisión después de salir.” [viii]
Además de la problemática jurídica, existen factores como la corrupción, la impunidad y la ausencia de una sociedad educada, critica y secular que sea capaz de hacer contrapeso a las decisiones cada vez de impacto negativo de una clase política que cada día luce menos preparada y más voraz para engullirse los recursos públicos por encima de las necesidades, cada vez mayores, de sus gobernados.
Corrupción
Lo anteriormente descrito no sería posible, como ya se expresó, sin el factor de la corrupción, misma que lejos de ser combatida, controlada y erradicada crece sin que haya muestras de esfuerzos serios encaminados a ello, como se puede apreciar en diversos estudios que se encargan de medirla, como es “el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de la organización Transparencia Internacional, donde nuestro país obtuvo 29 puntos en una escala de 0 a 100 colocándose, como la nación peor evaluada, entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); del grupo de los 20 países más industrializados, el G-20; y la Alianza del Pacífico.
Esta calificación posiciona a México en el lugar 135 de 180 naciones evaluadas por la organización internacional, en el mismo lugar que países como Laos, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Rusia, Kirguistán, República Dominicana y Honduras.” [ix]
“La corrupción le cuesta a cada mexicano, en promedio, 2 mil 273 pesos, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esto significa que el costo total de la corrupción en México (que incluye eventos como la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades) fue de 7 millones 218 mil de pesos, cifra superior en un 12.5 por ciento a la reportada en 2015
Estas cifras no han pasado desapercibidas por los mexicanos, ya que el estudio señala que la corrupción es el segundo problema que más preocupa a la población, sólo detrás de la inseguridad y la delincuencia. El porcentaje de población preocupada por este fenómeno pasó de 50.9% en 2015 a 56.7% en 2017. Por su parte, la inseguridad y delincuencia se mantuvo como el principal problema que preocupa a los mexicanos con 73.7%, superior al 66.4% estimado en 2015. El trámite con mayor porcentaje de experiencias de corrupción durante 2017 fue el contacto con autoridades de seguridad pública con 59.5%, seguido de los trámites relacionados con la propiedad con 30.7 por ciento.
La tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público, y experimentó algún acto de corrupción fue de 14,635 por cada 100,000 habitantes a nivel nacional. Además, se estima que la tasa de prevalencia de corrupción pasó de 12,590 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2015, a 14,635 en 2017; mientras que la incidencia pasó de 30,097 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes a 25,541 en 2017.
Estas cifras expresan tanto la relación de personas afectadas, como las experiencias de corrupción registradas en trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos, así como otro tipo de contactos con servidores públicos en áreas urbanas”. [x]
Impunidad
Va de la mano con la corrupción y sus cifras son igualmente aterradoras, De acuerdo con el Índice Global de Impunidad México 2018 (IGI-MEX), realizado por la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), el índice en la cifra negra, – el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa-, aumentó a 69.84 puntos en el 2017, mientras que la última medición realizada en el 2016 fue de 67.42 puntos.
Cabe señalar que el estudio enfatiza que en México hay un déficit de autoridades encargadas de la procuración de justicia, ya que tiene cuatro veces menos jueces y magistrados que el resto del mundo (3.9 frente a 16 por cada 100,000 habitantes).
Biopolítica
La introducción de este concepto en la era actual sirve para estudiar a profundidad el desarrollo de ciertas leyes que influyen en las decisiones de vida de las personas y, por tanto, afectan los fenómenos poblacionales de un país. Por “biopolítica diremos brevemente que puede definirse como la incorporación de lo biológico (no en términos individuales sino lo humano como especie biológica) al campo de regulación del poder del Estado, como plantea Foucault (1996): en el siglo xix el poder toma a su cargo la vida, se ocupa de “”hacer vivir””, de las poblaciones. Para Agamben, la biopolítica es el ingreso de la zoè natural al campo de lo político en la modernidad, que desde el pensamiento clásico había estado específicamente diferenciado del bíos, de la vida políticamente cualificada. No obstante, este poder que toma a su cargo la vida como poder soberano tuvo históricamente poder sobre la muerte, para dar muerte, primero de manera arbitraria durante el absolutismo y luego de forma regulada por el orden jurídico. Este poder deviene de la característica esencial de la soberanía del Estado: el monopolio legítimo de la fuerza.”[xi]
México es un país donde el pensamiento mágico, derivado de siglos de opresión católica y una educación promedio de tercer año de secundaria (8 años de formación académica) mantiene hundida a la población en un conformismo que impide acciones de contrapeso social a los abusos, cada vez mayores, de su clase política, la cual es un reflejo de la sociedad; en la legislatura que acaba de concluir 27 diputados federales y 6 senadores cuentan con estudios de bachillerato y 5 parlamentarios cuentan apenas con la educación básica.
Conclusiones:
Por lo ya establecido, se puede considerar que los factores políticos, sociales y culturales que privan en México, donde el crimen organizado ha permeado niveles muy altos de la esfera política y económica, difícilmente, si no es que imposible, podremos hablar de integrar el derecho del enemigo ya no como parte de la legislación mexicana, siquiera ponerlo en la agenda de discusión pública. Los intereses que mantiene el narco sobre los políticos mexicanos quedan demostrados y el no contar con Poderes del Estado ajenos a esta influencia hace que la impunidad cobije las actividades ilícitas de grupos delictivos.
La corrupción de los servidores públicos, sobre todo en áreas de seguridad, han permitido que el crimen organizado siente sus reales desde la célula más básica de la sociedad, que son las colonias, hasta el control de municipios y zonas geográficas muy amplias, incapaces hoy de librarlas de su influencia, al no contar el gobierno ya con el monopolio de la violencia, se corre el riesgo de caer en un estado fallido.
Corrupción, impunidad, pero, sobre todo, un bajo nivel educativo, hacen de la sociedad mexicana un caldo de cultivo para que gobiernos y crimen organizado mantengan una sociedad perversa, que siga manipulando y controlando a la población. La religiosidad y la apología del delito, a través de las “narcoseries” y las telenovelas y programas como “La rosa de Guadalupe”, como mecanismos de control social hacen que los mexicanos cada día vean más normal la violencia y por lo aquí expresado, ante este escenario, se vea más cercano un colapso de las instituciones que implementar un instrumento legislativo que permita el combate frontal contra el crimen organizado, que, en México, sí paga.
[i] Zapata Callejas, JS. “LA TEORÍA DEL ESTADO FALLIDO: ENTRE APROXIMACIONES Y DISENSOS”. Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad [Internet]. 2014;9(1):87-110. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92731211004
[ii] (PDF) Drogas, narcotráfico y política en México protocolo de hipocresía (1969-2000). Available from: https://www.researchgate.net/publication/275043004_Drogas_narcotrafico_y_politica_en_Mexico_protocolo_de_hipocresia_1969-2000 [accessed Sep 05 2018].
[iii] Zepeda, P. Jorge. (2018). “El narco llegó a las urnas”. 28/07/2018, de El país Sitio web: https://elpais.com/internacional/2018/06/27/mexico/1530117995_965261.html
[iv] Redacción (2018). “Asesinatos y amenazas del narco conmocionan a las campañas políticas en México”. 28/07/2018, de Sputnik Sitio web: https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/201805121078631730-violencia-mexico-elecciones/
[v] JAKOBS et al, Derecho penal del enemigo, Op. Cit., Págs. 90 y 91
[vi] idem
[vii] idem
[viii] Solís, Leslie,. (2018). “Cárceles mexicanas en autogobierno: de lo real al cine”. 26/07/2018, de Animal Político Sitio web: https://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2018/04/04/carceles-mexicanas-sin-gobernabilidad-de-la-realidad-al-cine/
[ix] Molina, Héctor. (2018). “México, top 5 de países con mayor percepción de corrupción del continente”. 20/07/2018, de El Economista Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-top-5-de-paises-con-mayor-percepcion-de-corrupcion-del-continente-20180221-0049.html
[x] Staff. (2018). “Numeralia: Este es el costo de la corrupción en México”. 26/07/2018, de Reporte Índigo Sitio web: https://www.reporteindigo.com/reporte/numeralia-este-costo-la-corrupcion-en-mexico/
[xi] Cardinale, M. Eugenia. (2017). “Derecho penal del enemigo, excepción política y securitización: contracaras de la seguridad”. 16/07/2018, de FLACSO México Sitio web: http://relacso.flacso.edu.mx/sites/default/files/docs/2017-01/derecho_penal_del_enemigo.pdf
