C. Maza Madrid- El Congreso de los Diputados abrió ayer las puertas al proyecto de Ley de Investigación Biomédica, que permitirá, por primera vez en España, la técnica de clonación con fines terapéuticos. El Grupo Popular se quedó solo en la defensa de su enmienda a la totalidad y mostró su … C. Maza
Madrid- El Congreso de los Diputados abrió ayer las puertas al proyecto de Ley de Investigación Biomédica, que permitirá, por primera vez en España, la técnica de clonación con fines terapéuticos. El Grupo Popular se quedó solo en la defensa de su enmienda a la totalidad y mostró su preocupación ante «el avance de una norma que sólo da falsas esperanzas».
Así lo indicó el portavoz popular en el Congreso en materia de Sanidad, Mario Mingo. «Únicamente se puede hablar de supuesta capacidad terapéutica, ya que se esperan beneficios de una técnica que, hoy por hoy, no se ha conseguido desarrollar en el hombre», afirmó. Mingo considera que es «un gran engaño, fraude y mentira inaceptable para los enfermos».
La clonación terapéutica consiste en transferir un núcleo de la célula adulta de un paciente a un óvulo de otra persona al que se le ha extraido previamente su núcleo. De esta manera, se consigue «reprogramar» su crecimiento celular para tratar de reorientarlo hacia la creación de órganos o tejidos que luego puedan ser trasplantados al paciente para combatir alguna patología. En Europa, sólo Reino Unido, Bélgica y Suecia la permiten.
El portavoz popular en el Congreso en materia de Sanidad explicó que su oposición también se debe a razones de índole ética. «Se crean, teóricamente, embriones clónicos en contra de todos los criterios de Naciones Unidas, la declaración de Helsinki y el Convenio de Oviedo», apunta. Mingo indicó que su grupo está de acuerdo con la conveniencia de que exista una ley que potencie la investigación biomédica en España, pero consideran que el Gobierno se ha equivocado con este proyecto. También criticó que el Ejecutivo pretende ocultar la incorporación de esta clonación «humana» bajo el concepto de «transferencia nuclear».
Mingo defiende que los conocimientos científicos actuales van por otro camino, ya que prefieren utilizar células madre adultas y células madre embrionarias, a las que se refirió como «la materia prima de la medicina regenerativa». El diputado insistió en que el criterio del uso de estas últimas células, sin destrucción de los embriones, es el camino que siguen los centros de investigación más adelantados del mundo. «Tenemos que priorizar lo que está dando resultado, no aquello que supuestamente va a ser bueno», puntualizó.
Carencias
El diputado indicó que su grupo va a presentar ahora más de 60 enmiendas parciales, ya que el proyecto es un mal texto con «carencias significativas» y «errores conceptuales graves».
Entre las carencias, citó la ausencia de fomento e incentivos fiscales a la investigación biomédica. «Nosotros puntualizábamos esto en el texto alternativo que hemos presentado porque no podemos permitir que nuestros científicos se vayan a otros países por tener aquí falta de incentivos», afirmó.
Por su parte, en su presentación del proyecto ante el Pleno, la ministra de Sanidad, Elena Salgado, hizo hincapié en la prioridad «incontestable» de esta futura norma por asegurar el respeto a los derechos fundamentales y las libertades del ser humano.
«La ley pretende incentivar la investigación biomédica pero en un contexto de máximas garantías de salud, éticas y jurídicas para los ciudadanos», indicó la ministra. Salgado consideró, además, que es de importancia capital acomodar las estructuras administrativas a los retos del futuro de la medicina.
El proyecto de ley admite la citada clonación, bajo condiciones muy estrictas, de tal forma que cada caso concreto de investigación planteado por los científicos para utilizar esta técnica deberá contar con la autorización del Comité de Garantías, previo estudio de la propuesta.
Pero, según manifestaron los distintos grupos parlamentarios, aún quedan muchas puntualizaciones.
El diputado de CIU Jordi Xuclá apuntó que el texto tiene aspectos muy mejorables. Junto con Xuclá, Margarita Uría (PNV) y María Rosa Bonás (ERC) criticaron el espíritu centralista del proyecto y anunciaron enmiendas para lograr, entre otros objetivos, un mayor reparto competencial.
Coincidieron ambas diputadas con Gaspar Llamazares (IU) cuando afirmaron que es una norma equilibrada en su línea de principios éticos. Así, el líder de Izquierda Unida defendió que el texto articula bien la libertad de investigación, la protección de los derechos fundamentales y los criterios éticos. Para el diputado socialista Alberto Fidalgo, el grupo popular ha querido con este texto alternativo «entorpecer y confundir» y retrotraerse a posiciones «ultraconservadoras», ya superadas.
Las reacciones traspasaron las paredes de la Cámara Baja. La Federación de Asociaciones Profesionales por la Ética (PPE), creada en 1992 por un grupo de profesionales sin ánimo de lucro para promover y defender los valores éticos en la vida pública, denunció el «gran negocio» que a su juicio supone la Ley de Investigación Biomédica y, tras mostrarse a favor del avance científico, consideró que éste no debe ser «a costa de la eliminación de seres humanos», entre los que incluyó al embrión, ya que, a su entender, el término preembrión contemplado en el proyecto legislativo «no tiene fundamento científico ni antropológico».
Sin embargo, el presidente de la Confederación Española de Familiares de Alzheimer (CEAFA), Emilio Marmaneu, defendió «cualquier investigación que ayude a curar las enfermedades». «Si hoy tenemos patologías que pueden ser genéticas o que pueden necesitar la ayuda de células embrionarias nos parece perfecto que haya leyes que ayuden a esa investigación», dijo a Ep.
publicado en La Razón 22-diciembre-2006
