keywords: Perruche, aborto, indemnización, malformaciones, responsabilidad nacimiento En 1982, Josette Perruche, en estado de gestación, ante una infección de rubéola de su hija mayor, pidió un diagnóstico advirtiendo que, en caso de que ella estuviera contagiada, abortaría. El médico y el laboratorio que realizaron las pruebas concluyeron, erróneamente, que …
keywords: Perruche, aborto, indemnización, malformaciones, responsabilidad nacimiento
En 1982, Josette Perruche, en estado de gestación, ante una infección de rubéola de su hija mayor, pidió un diagnóstico advirtiendo que, en caso de que ella estuviera contagiada, abortaría. El médico y el laboratorio que realizaron las pruebas concluyeron, erróneamente, que Josette no padecía rubéola. Así, prosiguió el embarazo y alumbró a Nicolás, que nació con severos trastornos. Diez años después, los padres de Nicolás demandaron a los responsables del error médico y obtuvieron una indemnización. Más tarde, a fin de asegurar la atención a Nicolás durante toda la vida, presentaron otra querella, que ganaron, a nombre de su hijo. Es decir, pedían que se reconociese a Nicolás como perjudicado por el error que permitió que naciera. Como se preguntaba Le Monde en un editorial: “¿Se puede considerar que la misma vida pueda constitutir un perjuicio que dé derecho a reparación?”.
Dictaminada el 17 de noviembre de 2000, esta sentencia del Tribunal de Casación, confirmada luego otras veces, permite a un niño nacido minusválido conseguir una indemnización siempre que un error médico prive a su madre de la posibilidad de recurrir a una interrupción del embarazo.
Tras una reunión de arbitraje entre los directores de gabinete de cuatro ministerios -Justicia, Solidaridad, Salud y Familia-, el Gobierno francés del socialista Lionel Jospin presentó a la Asamblea Nacional un texto destinado a acabar con la llamada jurisprudencia Perruche.
El texto del Gobierno incluía tres principios: el niño ya no podrá pedir una indemnización en caso de error médico que haya privado a la madre de la posibilidad de abortar; los padres, en cambio, podrán seguir haciéndolo, y la Seguridad Social ya no podrá volverse contra los padres para recobrar las cantidades que les ha abonado para hacerse cargo de la minusvalía del niño.
La propuesta redefine el error médico: “La persona nacida con una minusvalía debida a un error médico puede obtener reparación de su perjuicio cuando el acto erróneo ha provocado la minusvalía, la ha agravado o no ha permitido tomar las medidas para atenuarlo”. Este texto, que precisa el derecho de la responsabilidad, no se aplica en casos como el de Nicolás Perruche, pues la falta de cribaje no había provocado directamente la minusvalía del niño sino privado a la madre de la posibilidad de abortar.
Indemnización
En casos comparables al de Perruche -errores en diagnósticos precoces de malformaciones durante el embarazo-, el Gobierno proponía la siguiente redacción: “Cuando la minusvalía no ha sido descubierta durante el embarazo por una falta médica, los padres pueden demandar una indemnización destinada al minusválido sin prejuicio de las ayudas previstas”. El Gobierno retoma aquí la lógica definida por el Consejo de Estado en el decreto Quarrez en 1997.
“La indemnización tiene como fin suplir todas las consecuencias de la minusvalía durante toda la vida del niño y no se extinguirá con el fallecimiento de los padres”, ha precisado Bernard Kouchner, ministro de Sanidad. “El juez deberá volver a determinar las modalidades prácticas de esta disposición”.
La propuesta del Gobierno francés que el 10 de enero de 2002 se debatió en la Asamblea nacional encaminada a modificar la jurisprudencia Perruche y calmar un poco los encrespados ánimos de los colectivos afectados -asociaciones de minusválidos y médicos, sobre todo-, si bien persisten críticas de fondo.
Así, los ecografistas, que mantenían una huelga desde el 1 de enero, y reclamaban garantías suplementarias de protección contra las acciones que podrían tomarse para indemnizar a los niños minusválidos. “Desde el momento en que la anomalía del niño preexiste y no resulta de un acto médico, no podemos aceptar que haya una indemnización, salvo la del perjuicio moral de los padres”, ha declarado a Le Monde Israí«l Nisand, uno de los impulsores de la huelga de ecografistas. “Rechazamos que se pueda reconocer al niño un perjuicio material.
Este perjuicio debe ser asumido por la solidaridad nacional. El perjuicio moral de no haber podido, en caso de error médico, acogerse a la ley sobre la interrupción del embarazo puede ser demandado por los padres, pero ninguna indemnización material debería sustituir a la que corresponde al sistema nacional”.
El caso Perruche ha provocado en último término un replanteamiento de la asistencia a los minusválidos, sobre todo cuando crecen y faltan sus padres.
Pero, al entender que un niño podía legítimamente ser indemnizado por el hecho de no haber sido abortado si el defecto hubiera sido detectado, la decisión del Tribunal de Casación “ha abierto una cascada abrumadora de cuestiones médicas, éticas, sociales y filosóficas, y una afrenta al buen sentido: ¿cómo se puede pedir reparación de un daño que no habría podido evitarse más que suprimiendo al que lo ha sufrido y en nombre del cual se reclama justicia?”.
Con esos términos se iniciaba un manifiesto publicado en la revista L’Express y que han firmado 17 intelectuales, juristas y médicos franceses, entre ellos Bernard Hoerni, presidente del Consejo Nacional de la Orden de Médicos, Didier Sicard, presidente del comité nacional de Etica, y el biólogo Jacques Testart. “El nacimiento -continúan- no puede considerarse como un daño para el que viene al mundo. Si el aborto se convierte en una obligación social, no se está lejos de la inducción al eugenismo”.
Para los firmantes, la tentación es una medicina defensiva. “Si este tipo de decisiones se multiplica, el médico, en caso de duda, emitirá un diagnóstico pesimista y tenderá a preferir el aborto. Hasta ahora, los expertos del diagnóstico prenatal no tenían más que una obligación de medios, no una obligación de resultados. ¿Dónde está el límite entre un niño bueno para la vida o no?”.
La Asamblea francesa aprueba poner fin a la doctrina “Perruche”
Después de cuatro horas de debate, el 14 de enero de 2002 los diputados franceses adoptaron casi por unanimidad la enmienda propuesta por el Gobierno (ver DM del 9 y 10-I-2002) a una iniciativa del diputado Jean-Franí§ois Mattei, del partido DL. Sólo votó en contra Christine Boutin, de UDF, conocida por su postura anti-aborto, que vio en el texto una “caución al eugenismo”.
El texto aprobado estipula que “nadie puede beneficiarse de un perjuicio por el único hecho de su nacimiento”. Sin embargo, autoriza a los padres de minusválidos congénitos a solicitar una indemnización para sus hijos cuando la minusvalía “de una particular gravedad” no hubiese sido descubierta durante las pruebas prenatales a consecuencia de un error médico grave. En el caso Perruche, el Tribunal Supremo francés había otorgado una indemnización a un minusválido que había puesto un recurso en su nombre al no detectarse que su madre padecía rubeola durante el embarazo.
La ministra de Empleo y Solidaridad, Elisabeth Guigou, explicó que el Gobierno había decidido “contestar a los temores suscitados” por esta doctrina: el de los médicos, que no quieren ver su responsabilidad comprometida a cada momento; el de los padres, que no quieren ver cómo sus hijos se vuelven en su contra, y el de la sociedad, en cuanto a la actitud ante las minusvalías. Bernard Kouchner, ministro de Sanidad, ha reconocido que esta jurisprudencia “hería sus convicciones éticas y deontológicas”.
Una vez despejado el aspecto ético, el debate se centra ahora en la responsabilidad médica y la reparación del perjuicio. Jean-Franí§ois Mattei ha declarado que se siente satisfecho, pero ha expresado sus reservas por las referencias a la responsabilidad del profesional o del centro sanitario, y confía en que el Senado mejore la redacción del texto: “Hay que encontrar un equilibrio entre la lógica de la indemnización y la de la solidaridad nacional”. Mattei teme que el dispositivo propuesto no regule el problema de las prohibitivas primas de seguro de los ecografistas. Bernard Accoyer (RPR) ha resaltado el riesgo de discriminaciones entre minusválidos “sobreindemnizados” y los demás. Y Pascal Clément (DL) habló de “ruptura de igualdad entre los padres que aceptan el aborto y los que no”.
Consenso político
Texto adoptado por los diputados franceses:
“Nadie, aunque haya nacido minusválido, puede beneficiarse de un perjuicio por el único hecho de su nacimiento. La persona nacida con una minusvalía debida a un error médico puede obtener la reparación de su perjuicio cuando el error hubiera provocado la minusvalía, la hubiese agravado o no hubiera permitido tomar medidas para atenuarlo.
“Cuando la responsabilidad de un profesional o de un centro sanitario queda comprometida frente a los padres de un niño nacido con una minusvalía de una cierta gravedad, no descubierta durante el embarazo, que sea consecuencia de un error médico grave, los padres pueden pedir una indemnización. Esta corresponde a los costes particulares resultantes de su minusvalía a lo largo de toda su vida, una vez deducido el importe del subsidio o prestaciones de cualquier naturaleza que perciba la persona beneficiaria a título de la solidaridad nacional o de la Seguridad Social.
“En este preciso caso, los organismos sociales no pueden ejercer ningún recurso contra el autor del error para obtener la devolución de los subsidios o prestaciones ingresadas.
“Las disposiciones de la presente ley son aplicables a las instancias en curso, a excepción de aquéllas que hayan sido irrevocablemente estipuladas por el principio de la indemnización”.
(Confecciónado a partir de noticias en Diario Médico, enero de 2002)
