Los laboratorios farmacéuticos influyen de forma excesiva en los médicos Amistades sospechosas El Mundo, 9 marzo 2002. ISABEL PERANCHO La luna de miel entre los laboratorios farmacéuticos y la comunidad médica ha terminado. Nadie discute que el avance de la ciencia depende de las inversiones de este sector industrial y que son …
Los laboratorios farmacéuticos influyen de forma excesiva en los médicos
Amistades sospechosas
El Mundo, 9 marzo 2002. ISABEL PERANCHO
La luna de miel entre los laboratorios farmacéuticos y la comunidad médica ha terminado. Nadie discute que el avance de la ciencia depende de las inversiones de este sector industrial y que son sus aportaciones las que sostienen la mayor parte de la investigación y de la formación de los profesionales. Pero esta dependencia casi absoluta preocupa a un sector cada vez mayor del colectivo al que no se le escapa que detrás de este multimillonario esfuerzo inversor está el interés legítimo de obtener beneficios a través de la venta de un medicamento. Las organizaciones médicas debaten cómo proteger la independencia de sus miembros a la hora de recetar un producto y reducir el riesgo de que sucumban a una presión comercial, en ocasiones tan sutil que apenas se percibe como negativa.
Casi el 100% de los profesionales españoles ha aceptado en alguna ocasión las atenciones de un delegado comercial en forma de pequeños obsequios, ayudas para asistir a congresos, seminarios y conferencias, el pago de inscripciones a revistas internacionales, libros de texto y bibliografía técnica o subsidios para formación. La mayoría niega que estas prebendas afecten a su objetividad. Pero los estudios demuestran que no es así: acudir a actividades formativas como invitado incrementa las recetas de los medicamentos del patrocinador.
“Es ingenuo negar la influencia de los regalos que recibimos sobre nuestro comportamiento. Sería acusar también de ingenuidad a una de las industrias más poderosas del planeta cuando derrocha miles de millones en regalos promocionales si no obtuviese ninguna contrapartida”, afirma Santiago Martín Moreno, médico internista del Hospital General de Segovia en un reciente artículo sobre el tema publicado en la revista profesional Medicina Clínica.
El Colegio Americano de Médicos (ACP, sus siglas en inglés), una de las sociedades más potentes de EEUU, ha sido la última en llamar la atención sobre el tema. Esta misma semana ha dado a conocer su punto de vista sobre la cuestión a través de dos documentos publicados en Annals of Internal Medicine. Las advertencias de la ACP son claras acerca del “inmenso poder de persuasión de estos obsequios y servicios gratuitos” que generan una especie de “obligación social de retorno” sin que medie una solicitud manifiesta.
“Su propósito”, añade, “es grabar la identidad del benefactor en la memoria del receptor y exigirle algún tipo de reciprocidad”. El Colegio hace un llamamiento a la responsabilidad ética de los profesionales e insta a aquellos que mantienen vínculos financieros directos con las compañías fabricantes y que perciben honorarios, en ocasiones millonarios, en calidad de asesores, conferenciantes y por firmar artículos a que expliciten estas formas de relación.
Transparencia en la investigación
Del mismo modo, exige transparencia a los investigadores que publican ensayos clínicos en las revistas profesionales y que puedan incurrir en algún conflicto de interés a causa de la naturaleza de su contacto con los promotores de los mismos. Igual claridad se pide a las sociedades médicas e instituciones proveedoras de formación a la hora de informar sobre quién financia las actividades. También se reclama que reduzcan los actos lúdicos patrocinados dentro de los congresos y que programen los contenidos promocionales de forma independiente a los científicos en las reuniones, así como que eviten al máximo cualquier tipo de confusión entre los materiales docentes y los comerciales.
Las consideraciones de la ACP se suman a un tenso debate que desde hace unos años retumba en la familia médica. El sentimiento generalizado acerca de la licitud de esta relación ha ido perdiendo fuerza a medida que arrecian las críticas y se denuncian algunas de estas estrategias promocionales. Actualmente, gran parte del colectivo es partidario de esta mayor transparencia, de que se revelen los posibles conflictos de interés, cuál ha sido la relación con la industria y de qué tipo, para poder juzgar con objetividad todas las parcelas de la actividad médico-científica.
Código de conducta
¿Pero es suficiente abrir la ventana y dejar correr el aire o es necesario cambiar las reglas del juego? “Lo que se está cuestionando es cómo se genera el conocimiento científico, cómo se está investigando, qué se está investigando y cuál es el grado de influencia sobre los investigadores, sobre los líderes de opinión y sobre las publicaciones. Es decir, sobre los médicos que están en el origen del conocimiento científico”, señala Jaime Aubia, vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB).
Esta entidad trabaja desde hace tiempo en definir un nuevo escenario. El pasado año hizo pública su posición oficial sobre la ética de estos contactos que, en líneas generales, coincide con la de la ACP y complementa a las indicaciones que recoge el Real Decreto que reguló en 1994 la publicidad de los medicamentos en España. Ahora sopesa la posibilidad de amonestar públicamente a los profesionales que incurran en conductas éticamente inaceptables cuando participen en estudios farmacológicos. Por ejemplo, maquillando ciertos resultados o prestando sus nombres a cambio de una cantidad para encabezar artículos realizados por los negros (otros investigadores en plantilla) de las compañías.
Una de las áreas que más polémica ha suscitado en los últimos tiempos es precisamente la de la investigación clínica. A pesar de que la profesión subraya que pocas actividades humanas están tan reguladas y sometidas a revisión como ésta, la preocupación es creciente respecto a la posibilidad de que esta interrelación esté haciendo mella en la imparcialidad de los resultados de los trabajos financiados por la industria. Y más del 90% lo está. Por lo menos, en España.
Fí‰RREO CONTROL . Muchos médicos se han rebelado contra el férreo control al que les sometían los laboratorios y que amenazaba con limitar su papel al de mera mano de obra y captadores de pacientes. Cada vez más, la idea y desarrollo del protocolo de los estudios se gestan dentro de las propias compañías, que se encargan también de su gestión. “El investigador principal es, en muchas ocasiones, un mero asalariado”, sostiene Miguel Vilardell, director de la revista Medicina Clínica. En septiembre del pasado año, los editores de las principales revistas científicas internacionales acordaron que no aceptarían publicar aquellos trabajos en los que el patrocinador hubiera tenido el control absoluto sobre los datos.
El COMB y otras organizaciones españolas han recomendado también a los profesionales que reclamen al promotor el derecho a publicar los posibles resultados negativos antes de firmar los convenios de colaboración. “Lo habitual es que la compañía plantee que quiere la propiedad de los datos”, reconoce Agustín Gómez de la Cámara, presidente del Comité í‰tico de Investigación Clínica del Hospital 12 de Octubre de Madrid.
Los laboratorios han reaccionado con celeridad y están revisando las cláusulas contractuales en respuesta a esta demanda. “Hubo cierto revuelo cuando se planteó el tema. Normalmente se intenta publicar todo, pero es cierto que no se recogía expresamente en los contratos. Ahora se especifica claramente”, dice José Antonio Sacristán, gerente de investigación clínica de Lilly.
En las revistas españolas está cundiendo el ejemplo de las británicas y estadounidenses a la hora de exigir a los investigadores que rubrican los trabajos que declaren sus posibles conflictos de interés y desvelen quién ha sido el responsable último del mismo. Algunas se plantean que esta declaración conste por escrito.
VULNERABLES . Aunque ellas mismas tampoco son ajenas a la presión, ya que su supervivencia depende de la publicidad y de las inscripciones que, en su mayoría, salen del bolsillo de los laboratorios. “Perciben dónde y cómo pueden influir”, señala Amando Martín Zurro, director de la revista Atención Primaria. Lo mismo sucede con los profesionales. “Si detectan a un médico proclive, son capaces de desplegar la artilleria pesada. Recurren a la sutileza cuando mantiene su ética. Y todo dentro de la legalidad”, sostiene Fernando Carballo, profesor asociado de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá de Henares.
El colectivo coincide en la necesidad de modular estas maniobras comerciales y en exigir un compromiso moral firme a sus miembros, pero discrepa en las medidas a tomar. Aubia reconoce la oposición de una parte del COMB a adoptar soluciones drásticas y a cortar de raíz este matrimonio de conveniencia. “No se puede evitar la relación, porque tal y como están las cosas nos quedaríamos aislados”.
Las cosas se refieren a la dejación de la Administración pública a la hora de procurar fondos a sus trabajadores sanitarios para que investiguen, se formen y presten, así, una asistencia de mejor calidad a la población. Las inversiones son irrisorias. El pasado año, la industria invirtió 168 millones de euros en investigación clínica. El sector público, sólo 0,3. “Esta situación nos hace vulnerables a todo tipo de presiones”, advierte Carballo. En su opinión, la relación con los laboratorios debe “ceñirse al terreno de la investigación” y le corresponde al Sistema Nacional de Salud garantizar las herramientas formativas. La mayoría de los médicos no cambiará la receta por un bolígrafo. “Pero no se nos puede pedir que seamos héroes”, sentencia.
La industria endurecerá las medidas de autocontrol
Los laboratorios farmacéuticos cuentan con sus propios códigos éticos. Las normas escritas son equiparables a las de los médicos. Pero hasta el momento no existían mecanismos para alentar su cumplimiento y frenar los hábitos no escritos.
Nuevo código . Farmaindustria, la patronal que aglutina a 249 compañías con representación en España -y que representan el 98% del mercado farmacéutico nacional- tiene a punto un nuevo Código de buenas prácticas para la promoción del medicamento, que, si como está previsto, se aprueba en asamblea el próximo miércoles, promete generar un notable revuelo en el sector.
El nuevo articulado no modifica sustancialmente al vigente, pero insta a favorecer una actitud de mayor transparencia en la relación con el colectivo médico, tal y como éste demanda.
írbitro externo . La novedad fundamental es que el proyecto establece que se cree un tribunal externo para velar por el cumplimiento de estas normas. Así se prevé que una comisión deontológica integrada por profesionales de distintas disciplinas y ajenos a las compañías farmacéuticas presida las nuevas reglas del juego.
Sanciones . Si un médico o una compañía competidora detecta una práctica ilegal puede denunciarlo ante este jurado, que tendrá potestad para imponer sanciones de elevada cuantía.
“Nuestro objetivo es plantear un escenario inequívoco. Con esto no damos a entender que toda la industria lleva a cabo prácticas ilícitas”, afirma Humberto Arnés, director general de Farmaindustria. En general, el sector mantiene que las desviaciones son la excepción y sólo se superan las normas en casos puntuales.
Oportunidad . Más de uno hará notar la oportunidad de esta decisión, justo en el momento en el que la crítica se extendía en la comunidad médica nacional y, a nivel internacional, empezaban a producirse movimientos de protesta colectivos, como el de los editores de revistas científicas internacionales. “Son estas actuaciones corporativas, las que más éxito pueden tener para contrarrestar la presión comercial”, sostiene Jaime Aubia, del COMB.
Denuncias . También se suceden en los últimos tiempos los artículos de reprobación frente a ciertas actitudes de promoción y crecen las denuncias por los abusos e intercambios económicos de dudosa moralidad. “Algunos pensarán que es una maniobra de imagen, pero nuestro compromiso con la ética es firme”, añade Arnés.
La nueva normativa, que se adaptará así a los contenidos de las recomendaciones internacionales, establecerá límites y cuantías en las actividades de promoción directa, visita médica e incentivos para la formación y estipulará los pagos por servicios como la investigación clínica y las conferencias.
La promoción comercial disfrazada de investigación
Pepe (nombre ficticio) trabaja en un centro de salud y está pensando en apuntarse a un máster de investigación clínica, cuya matrícula es elevada. Recibe entonces la visita de un comercial farmacéutico, que le ofrece participar en un estudio de seguimiento para obtener más datos acerca de la eficacia y seguridad de una medicación. El fármaco ya está comercializado y se emplea con frecuencia.
Pero el médico percibe el interés promocional de esa supuesta investigación, ya que, a pesar de que existen otras marcas del mismo producto, el estudio exige que recete a sus pacientes la de la empresa patrocinadora. ¡Y con cargo al gasto público! El delegado le ofrece como contrapartida la asistencia gratuita a un congreso internacional. Pepe pregunta si lo puede cambiar por la matrícula del máster. Al final, colabora. Su intención no es mala (mejorar su formación), su actuación no es ilegal. Sin embargo, ha pagado un precio: el de su independencia.
Nueva regulación
En breve, los médicos ya no podrán recibir ni aceptar propuestas como ésta (el caso es real). La Agencia Española del Medicamento (AEM), que regula la investigación clínica en nuestro país, ha decidido cortar esta práctica que, enmascarada de científica, responde sólo al objetivo de inducir la prescripción e incrementar las ventas. Los estudios observacionales o de poscomercialización (los que se realizan tras la salida del fármaco al mercado) son útiles para aportar nueva información acerca de la eficacia y seguridad de un producto. Siempre que su diseño sea riguroso. Al contrario que otras fases de la investigación clínica (las experimentales), que tienen que pasar por un estrecho control gubernamental, hasta ahora este tipo de análisis se podía poner en marcha directamente. Bastaba con informar a las autoridades. Su número había crecido exponencialmente en los últimos tiempos. Hace año y medio, la AEM sometió a escrutinio una muestra de 26 de ellos. El 80% propiciaba la inducción a la receta y ni siquiera solicitaba consentimiento al paciente. Próximamente se aprobará una nueva normativa en la que se prevé exigir una autorización gubernamental previa, que sólo se obtendrá después de presentar un exhaustivo informe aclaratorio.
