El primer quinquenio de Emmanuel Macron terminó con la ampliación de los plazos para el aborto de 12 a 14 semanas para un aborto quirúrgico y la integración en el derecho consuetudinario, sin consulta parlamentaria, de las medidas adoptadas durante la crisis sanitaria para el aborto con medicamentos,
Michel Nodé-Langlois, filósofo, vuelve sobre las razones poco conocidas en las que se sustenta el respeto debido a todo persona humana, y a las consecuencias de este desconocimiento
¿Por qué este título, como juego de palabras? Todo el mundo conoce la expresión latina persona grata. Describe a alguien cuya presencia es autorizada, o aceptada, o incluso apreciada, en cualquier lugar o comunidad. Es cierto que la mayoría de las veces se utiliza de forma negativa: se usa para presentar a alguien como indeseable. Por ejemplo, hay que ser socio de un club para poder utilizar sus instalaciones de recepción, y si no lo eres, no puedes entrar sin ser invitado. De lo contrario, serías persona non grata.
Sin embargo, el juego de palabras no pretende abarcar este tipo de situaciones anecdóticas. Se trata de sugerir que en nuestra cultura, la cultura contemporánea de las llamadas sociedades desarrolladas, que arrastra a otras con ella, no es sólo esta o aquella persona, este o aquel grupo de personas el que se considera indeseable aquí o allá, y por diversas razones, legítimas o inicuas. Nuestra cultura actual tiene, al menos en una tendencia, un aspecto original que puede llevarnos a cuestionar seriamente si sigue teniendo derecho al título de civilización, que reclama con más fuerza que nunca, tan importante es que no se la considere bárbara. Este nuevo y notable aspecto es que no son sólo las personas las que son objeto de diversos rechazos, sino que es la propia noción de persona, o, si se quiere, la personalidad, en un sentido moral y jurídico más que psicológico, la que está sujeta a una forma de rechazo, del que son víctimas ciertas personas concretas, a las que se les niega la “bienvenida al club” de la vida y la humanidad, o a las que se juzga indignas de permanecer en él.
La deriva moderna de la noción de dignidad
A esto se podría objetar que el pensamiento moderno, por el contrario, ha colocado la noción de persona en el centro de la reflexión moral, y en el fundamento del derecho lo que comúnmente se llama su dignidad .
El uso moderno de este término tiene en efecto algo extraño, porque, en la cultura romana, dignitas calificaba a cualquiera que tuviera una forma de superioridad sobre los demás, por ejemplo ejerciendo un cargo público: era la propia de los personajes que aún llamamos eminentes , es decir aquellos cuya condición, importancia, influencia o competencia los eleva por encima de los demás. Por eso el supremo grado de dignitas pertenecía en Roma al emperador, aquél cuya función lo situaba políticamente por encima de todos los demás. Consecuencia de esta prerrogativa, en el marco del paganismo romano, era la obligación legal de incensar al emperador, o devolverle los honores divinos, a lo que más de un cristiano se negó, condenándose así mismo, incluso, al martirio.
La noción moderna de dignidad, en el sentido que le da la filosofía moral, es todo lo contrario de esta antigua concepción de dignitas , ya que ha llegado a significar la igualdad fundamental de todos los humanos en la medida en que son considerados dignos de respeto por parte de los demás.
Es cierto que el término todavía connota la idea de una cierta superioridad, pero ya no se trata de una relación de superioridad entre humanos. La igual dignidad de las personas humanas es independiente de todas las relaciones jerárquicas y de todas las desigualdades de rango o condición, que de otro modo existen entre ellas dentro de la vida colectiva. Se refiere a aquello por lo cual las personas no son superiores entre sí, sino todas en relación al conjunto de cosas que no son personas, y que constituyen lo que llamamos mundo o naturaleza .
En su uso moderno, el término dignidad se refiere a la prerrogativa que hace de la persona un sujeto moral, que los demás deben reconocer como tal: esta prerrogativa es el hecho de tener libre albedrío , que es un poder de elección, y que permite a las personas ser, como dijo Aristóteles, “principio de sus acciones”, o, como decimos nosotros, responsable . La libertad, como capacidad de determinar la propia conducta por elección, es lo que distingue a la persona de todos los seres que actúan sólo por efecto de un determinismo físico, o por un impulso instintivo.
Esta noción está en la raíz de las declaraciones modernas de derechos humanos, y en particular la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Su preámbulo establece que “todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Tres conceptos se mencionan aquí y se articulan implícitamente: libertad , dignidad y derecho . El primero es el fundamento del segundo, que es a su vez el fundamento del tercero. Quant à l’égalité , loin d’avoir un sens purement quantitatif, elle ne fait que redoubler le premier terme du préambule, qui attribue la liberté et ce qu’elle implique à tous les hommes : cette égalité ne signifie en fait rien d’ otro quela universalidad de los derechos humanos fundamentales, basados ellos mismos en la atribución universal de la dignidad de sujetos morales a todos los miembros de la especie humana. Desaparece así la distinción entre dos categorías de hombres conocidas por todas las civilizaciones antiguas, y que resurgieron aquí y allá durante la era moderna: la distinción entre los hombres libres -aquellos que pueden actuar según su propia voluntad- y los esclavos -cuya acción es siempre subordinado a la voluntad de otro, y cuya vida está a menudo a merced de la buena voluntad de este último.
Esta distinción nos parece hoy una gran injusticia, porque implica una negación de la humanidad infligida a ciertos humanos por otros humanos, como sucedió nuevamente en este tipo de esclavitud extrema que fue el gulag y los campos de exterminio.
Nacido humano
Es significativo que Robert Anthelme haya querido titular: La especie humana, al libro que dedicó a la vida en estos campos y al proceso de deshumanización que se infligía metódicamente a los prisioneros allí. Era un recordatorio de que los hombres son lo que son como miembros de una especie , y que los regímenes totalitarios sólo han dejado de negar esta pertenencia a ciertos miembros de dicha especie, por ejemplo, considerándolos como “subhumanos ( Untermenschen )”, para usar una expresión que los nazis tomaron prestada de Nietzsche.
Sin embargo, es también desde el punto de vista de su naturaleza específica como los seres humanos son considerados en la Declaración Universal , ya que la afirmación de su dignidad se fundamenta por un lado en la libertad como prerrogativa del hombre, y por otro parte se refiere a ese origen común que es el nacimiento, o a su pertenencia a la especie humana por generación natural.
Este último concepto es decisivo. Pues, presentar la humanidad de los hombres como un hecho de la naturaleza, es decir que no corresponde a ninguna voluntad humana decidir sobre ella: la naturaleza no es, en efecto, otra cosa que un orden de cosas del que el hombre no es el principio, que no ha inventado ni hecho, y que, por el contrario, se presupone a su propia existencia. Reconocer la humanidad como un hecho de la naturaleza significa, en primer lugar, que nadie puede decidir sobre la humanidad de otro, y que cada uno tiene el deber para con todos los demás humanos de respetar los derechos que se derivan de su humanidad común. Si los seres humanos tienen derechos y deberes para con los demás, es porque la humanidad es una realidad anterior a cualquier ejercicio de la voluntad humana, y por tanto una realidad que esta voluntad está llamada a reconocer como tal, con todas las implicaciones que ello conlleva, es decir, con todas las exigencias que plantea.
Nacer humano es venir a la existencia con ciertas capacidades potenciales que otras especies no tienen, por ejemplo la capacidad de aprender a hablar, y por este medio entrar en relaciones inteligentes con sus semejantes, y por lo tanto comportarse responsablemente con ellos. Ahora sabemos que esa capacidad, por muy natural que sea, sólo puede alcanzarse, sólo puede convertirse en una capacidad efectiva y no sólo virtual, si el pequeño hombre se beneficia de la acción benévola de un entorno que lo eduque. Si no es así, el individuo es incapaz de ejercer la capacidad que ha recibido de la naturaleza: es el caso de los llamados “niños salvajes”, que se han visto privados del vínculo educativo por estar perdidos o abandonados, y han sobrevivido lejos de cualquier entorno humano. A partir de una determinada y temprana edad, eran definitivamente incapaces de desarrollar las capacidades humanas que habrían desarrollado como cualquier otro niño en condiciones acordes con su naturaleza humana. La naturaleza humana es tal que sólo puede desarrollar sus potencialidades a través de la relación entre quienes la comparten. Esto es lo que hizo decir a un griego como Aristóteles que el hombre es un animal “hecho naturalmente para vivir en sociedad”, e incluso un “animal político por naturaleza”, porque su naturaleza lo destina a dotarse de una civilización, es decir, de una organización voluntaria e inteligente de su vida colectiva.
El caso de los niños asilvestrados es ejemplar porque demuestra que la humanidad de todo ser humano es a la vez un hecho de la naturaleza y una realidad que depende naturalmente del comportamiento voluntario de otros hombres hacia él. El abandono del pequeño hombre va en contra de la naturaleza, porque le priva de las condiciones para que su naturaleza realice todas sus potencialidades, siguiendo la misma lógica que hace que un árbol al que no se le priva de agua, ni se le impide crecer, acabe produciendo sus frutos.
Si hay derechos y deberes, es porque nadie puede considerar legítimo desarrollar su naturaleza de la manera más feliz para él, sin considerar que ese fin es igual de legítimo para cualquier otro que posea la misma naturaleza que él. Así, es en su naturaleza común donde se basa la relación de derecho entre las personas, en la medida en que esta naturaleza incluye requisitos que nadie puede reclamar para sí mismo sin reconocerlos también en los demás.
Cuando la voluntad ajena atenta contra la dignidad de la persona
Es comprensible, pues, que la dignidad humana sólo pueda verse amenazada si la personalidad -en el sentido moral y jurídico del término, y en el sentido de que la persona es el nombre propio del ser humano como tal- deja de ser considerada como un hecho de la naturaleza impuesto objetivamente a la conciencia de los hombres, para pasar a ser el resultado de una decisión humana, si no individual, al menos colectiva.
Quien no respeta el derecho de otro, es decir, quien decide arbitrariamente lo que cree a lo que éste tiene derecho, es condenado como delincuente. Robar, por ejemplo, equivale a actuar como si la persona robada no tuviera derecho a disponer de lo que le pertenece a voluntad. El delito es la negación del derecho, y esta negación siempre afecta a la persona que es su víctima, aunque no sea ella misma la que se vea afectada físicamente, sino sólo su propiedad. Pues es la libertad de la persona la que se ve frustrada cuando se le priva de la libre disposición de lo que posee legítimamente. Toda acción delictiva es una negación de derechos, y esta negación es siempre básicamente una negación de la personalidad del otro, que es la base de los derechos, y de la que los derechos son la expresión concreta. Decidir sobre los derechos del otro, negarse a deberle esto o aquello, ya se trate de respetar su propiedad, su vida o su honor, es actuar como si no fuera una persona y no debiera ser tratada como tal.
La lógica del derecho, en la forma de justicia penal, es pues la de sancionar y castigar la negación de la personalidad , cuando adopta la forma de acción penal individual.
Si esta negación de la dignidad personal es lo que hace inicua la acción penal, debemos juzgar igualmente inicua, pero con mayor grado de gravedad, cualquier forma legalizada de tal negación, aunque resulte de una decisión mayoritaria según los procedimientos parlamentarios de un Estado democrático. Este fue el caso de las ya mencionadas instituciones de esclavitud y campos de exterminio. Pero hoy nos enfrentamos a otras formas de esta misma negación: golpean a ciertas personas que ya no son objeto del respeto incondicional que exigen la ética y la ley.
Es notable que a las personas en cuestión se les niegue este respeto en los momentos de sus vidas en los que más dependen de la voluntad de los demás, es decir, al principio y al final de esta vida, cuando su fracaso o su pérdida los pone en peligro. a merced de las decisiones que otros tomarán sobre ellos.
Este es el problema que plantea la demanda de un derecho a la eutanasia, o incluso lo que se ha venido a llamar “derecho a morir con dignidad”. Esta expresión sugiere que es humanamente indigno sufrir, expresar el propio sufrimiento llorando o gimiendo, e implicar a los que le rodean pidiendo su compasión y caridad, porque los analgésicos están al límite de su eficacia, y porque uno no quiere que su vida se acabe. Quitar la vida es la violencia más básica y extrema que se puede infligir a una persona, y esta violencia es la misma independientemente de quién la inflija, ya sea la propia persona o quienes invite a ayudarle a hacerlo.
Ciertamente, podría señalarse que el derecho al suicidio asistido no puede atribuirse a una negación de la personalidad, ya que deja la decisión a la voluntad del paciente y al consentimiento de sus allegados, es decir, a esa capacidad de decisión que es la esencia de la persona como agente libre. Pero la persona no es menos violada en su realidad natural como ser vivo, y el hecho de que sea la propia persona la que decida, de una manera que se supone deliberada, no cambia nada de esta violencia.
Consecuencias sobre la vida no nacida.
Imaginemos el caso de alguien que mata a un suicida que no sabe que es suicida, de modo que no se puede decir que lo mata contra su voluntad: seguiría siendo condenado como criminal. La violencia aprobada por su víctima es, sin embargo, violencia ejercida sobre su persona. Ciertamente, este caso no se planteará si se trata de la supresión de una persona no al final de la vida, sino al comienzo de la vida, es decir, en un momento en que aún es totalmente incapaz de expresar el menor consentimiento.
Esta supresión ha tomado hoy en día dos formas: ya sea la terminación voluntaria de la vida intrauterina, o la terminación de la vida intrauterina por razones médicas .
Ninguna de estas formas es realmente nueva, ni exclusiva de nuestro tiempo. Pero la despenalización de los primeros, al mismo tiempo que la mejora técnica de los segundos, les confirió inevitablemente nuevos significados desde el punto de vista cultural y antropológico.
No es nuevo que la atención prestada a una mujer embarazada cuya vida estaba amenazada por su embarazo pudiera provocar la muerte del niño que esperaba: ya era un caso de lo que ahora llamamos Interrupción Médica del Embarazo.
Sin embargo, lo que tenemos hoy es el seguimiento de la gestación mediante el uso de diversos medios de diagnóstico prenatal, destinados a garantizar la normalidad del niño que lleva su madre: ecografía, amniocentesis, análisis de sangre, etc. La detección de una malformación o de una anomalía cromosómica, anunciadora de una patología, se ha convertido en el motivo más frecuente de la llamada interrupción médica del embarazo, es decir, de la eliminación del niño gestado, cuyo desarrollo prenatal no amenaza en absoluto la vida de su madre, pero cuyo nacimiento se sabe que es diferente de lo que esperaban sus padres, algo que sólo puede conocerse durante unos años, en la escala de la historia de la humanidad.
Este “aborto médico” es, por tanto, la eliminación de un vástago humano, que desgraciadamente es víctima de un accidente patógeno, un accidente que la naturaleza no excluye, a pesar de la impresionante regularidad con la que genera con éxito individuos que no presentan ninguna patología particular.
Este acto de eliminación se denomina “médico”, a pesar de su evidente contradicción con los principios ancestrales de la medicina, porque se trata de técnicas denominadas “biomédicas”, cuyos usuarios son personas formadas en diversas ramas de la medicina o la biología, y que son posibles gracias al progreso de la industria, así como a los recientes descubrimientos en las ciencias de la vida.
No obstante, es cierto que este llamado acto médico no es medicinal , ya que no consiste en modo alguno en curar a nadie, sino únicamente en eliminar a un individuo cuya vida posnatal se considera poco soportable, o insoportable, para sí mismo y para quienes lo rodean. Se juzga, pues, que este individuo no es digno de venir al mundo, por un déficit de humanidad consistente en una alteración accidental de su constitución física, y una consecuente limitación de las habilidades que podría ejercer una vez nacido.
Así, un niño que queda hemipléjico a una edad temprana por un choque traumático, o alterado de por vida por la poliomielitis, recibirá la asistencia y los cuidados necesarios para seguir viviendo: es, como decimos, una persona “disminuida”, tanto como un adulto que queda afásico por una apoplejía. Así pues, se puede contraer una discapacidad importante y duradera después del nacimiento, pero entonces conlleva el deber de proporcionar cuidados especiales y, posiblemente, apoyo médico y social a los padres, cuando éstos se ven incapaces de hacer frente a la situación. En cambio, cuando se detecta esa discapacidad duradera en un niño antes de nacer, ya no es siempre motivo de esos cuidados, ni de su preparación anticipando su venida al mundo: el niño es ahora objeto posible de una decisión de eliminación, que la ley civil y moral prohibiría si se tratara de una persona no menos discapacitada, pero ya nacida.
La llamada terminación médica de la vida intrauterina incluye, por tanto, la afirmación implícita de que un niño puede ser eliminado con la sola condición de que no haya nacido, ya que, desde el momento de su nacimiento, su eliminación sería condenada como infanticidio. .
El derecho a la vida, el primer derecho humano
La llamada interrupción voluntaria de esta vida implica el mismo tipo de afirmación implícita, salvo que su autorización legal no se levanta al nacer, sino en una determinada fase de la gestación.
Sobre este punto, basta con considerar las distintas legislaciones actualmente vigentes para reconocer el carácter sorprendentemente arbitrario de la determinación de este momento en que se pasa de la autorización a la prohibición legal, arbitrariedad que sólo es igualada por la importancia y la gravedad de lo que se decide, ya que está en juego nada menos que una vida humana.
Así, en Francia, el legislador ha aumentado de doce a catorce semanas el período durante el cual la interrupción de la vida intrauterina está legalmente autorizada y puede ser médicamente supervisada, pero el liberalismo anglosajón ya ha fijado un período que duplica el francés, y no vemos por qué no debería acabar uniéndose al período legal de la llamada interrupción médica.
Independientemente de sus diferencias, una legislación de este tipo equivale a decidir cuándo un individuo humano se convierte en una persona respetable, o más exactamente cuándo un individuo resultante de una generación humana se convierte en un ser humano, porque es imposible reconocer este carácter sin reconocer al mismo tiempo los derechos humanos sancionados por la Declaración de 1948, el primero de los cuales es el derecho a la vida, condición de todos los demás.
Desde la concepción, un patrimonio genético único
Pero no es sólo la diversidad contradictoria de legislaciones lo que da fe de su carácter arbitrario, sino también la imposibilidad de fundamentar sus disposiciones en serias consideraciones biológicas.
Escuché a uno de los maestros de la biología francesa, el profesor Georges Pontonnier, declarar en sesión abierta que la “secuenciación” del desarrollo embrionario -la distinción entre preembrión, embrión, feto, etc. – era, desde el punto de vista biológico, un engaño diseñado para ofrecer a la industria farmacéutica una oportunidad lucrativa de explotar la investigación en la que se utilizan embriones producidos natural o artificialmente como material de laboratorio.
El descubrimiento del genoma a mediados del siglo pasado ha atestiguado en efecto que la unidad dinámica que constituye a cada ser vivo, y sobre todo a cada animal, incluido el hombre, se da desde el momento de su concepción, donde un genoma distinto del de la madre que lo lleva, y que alberga en sí todo lo necesario para que el individuo concebido desarrolle todas las potencialidades específicas de su especie, si nada accidental viene a impedir este desarrollo, y si los individuos ya nacidos lo ayudan en lugar de obstaculizarlo eso.
La legislación contemporánea sobre terminación de la vida intrauterina, cualquiera que sea la gravedad de las situaciones colectivas e individuales a las que ha pretendido hacer frente, encierra de hecho la paradoja de haber introducido una versión renovada del dogma católico de la transubstanciación .
En efecto, han decidido que sólo a partir de un determinado momento, que varía según el lugar y el tiempo, un individuo engendrado, designado a veces -otro absurdo desde el punto de vista biológico- como “masa de células”, se convierte en una persona respetable, mientras que el día anterior todavía podía considerarse un objeto manipulable. En otras palabras: el individuo en cuestión cambia, si no en su naturaleza -ya que continúa el proceso natural de crecimiento que se inició en el momento de la concepción-, al menos en su esencia, ya que se supone que se convierte en algo completamente diferente de lo que era -de lo contrario, no está claro por qué habría que tratarlo de forma diferente que antes-.
Lo que no se dice con suficiente frecuencia, lo que aparentemente nunca se dicen a sí mismos los que admiten ese cambio, es que se necesita un milagro para que se produzca.
Si se necesita un milagro, también se necesita un agente capaz de realizarlo. Pero entonces, la eliminación de un hombrecito, de un individuo engendrado humanamente que no se supone que sea ya como una persona tan respetable, es la eliminación de un ser que está natural y divinamente destinado a serlo: Pues incluso desde un punto de vista puramente filosófico, puramente racional, hace falta un Creador divino para que un ser ya existente reciba ese ser adicional que se suponía que no poseía y que llamamos personalidad, un ser adicional que hace que de repente pase a ser, de lo disponible que era, en el sentido jurídico de objeto manipulable, una persona indisponible, como lo califica la ley, es decir, un ser que ya no está a disposición de ninguna otra persona.
No hay ninguna razón científica seria para considerar que las personas que somos no son cada una de ellas la misma que era desde el momento de su concepción: cada uno de nosotros se ha convertido en otro -hemos cambiado- pero no nos hemos convertido en otro, porque nuestro devenir sólo ha sido el desarrollo de esta unidad que existe desde nuestro primer momento, desde nuestro estado unicelular. La ciencia defiende con tanta fuerza este reconocimiento que el legislador se ha negado hasta ahora a pronunciarse sobre el estatuto del embrión humano, porque sabe muy bien que sería imposible hacerlo sin reconocer su humanidad, con todas las consecuencias jurídicas que ello implicaría.
¿Puede la ley arrogarse el derecho de decidir sobre la humanidad de los hombres?
La pertenencia a la especie humana por vía generacional es el único criterio objetivo de la personalidad, que hace que los humanos sean individuos llamados por su naturaleza común a reconocerse y respetarse como personas, y tanto o más cuando una persona es privada accidentalmente de algunos de los beneficios de su humanidad.
Cuando se deja de reconocer este criterio, o cuando se ignora la creación divina que sería necesaria para que un ser que no la poseyera previamente se convirtiera en persona, entonces el legislador se arroga el derecho que niega a todo individuo: el de decidir sobre la humanidad de los hombres, decidiendo arbitrariamente cuándo un individuo engendrado humanamente debe ser considerado hombre.
Al hacerlo, el legislador olvida que para haber llegado a ser lo que es, es decir, un adulto, o más bien un grupo de personas adultas y responsables, conscientes de sí mismas y del mundo, capaces de deliberar y decidir, en particular con respecto a la suerte de los demás, deben haber sido reconocidas como dignas de vivir en una época en la que eran totalmente incapaces de ejercer tales habilidades. El ejercicio del derecho a legislar no debe olvidar nunca el derecho más original sin el cual no sería posible: la persona que lo ejerce sólo puede hacerlo porque se le ha reconocido el derecho a nacer, como miembro de pleno derecho de la especie humana, y ello en igualdad de condiciones con cualquier otro individuo engendrado de la misma manera, aunque esté disminuido en su constitución.
Más allá de la singularidad de las situaciones individuales, y de las cruces, a veces muy pesadas, que pueden conllevar, nuestra sociedad se enfrenta, en efecto, a una alternativa en cuanto a la suerte que reserva a los pequeños que engendra, y en particular a estos pequeños seres humanos diferentes que, sin embargo, son humanos. Si no temiera forzar la cuestión, diría que debe elegir entre un pseudoideal de normalidad, apto para satisfacer el hedonismo consumista, y que me gustaría simbolizar con la muñeca Barbie, y un ideal al que debemos dar el nombre de caridad, aunque se persiga con un espíritu muy laico. “Lo que habéis hecho al más pequeño de los míos, me lo habéis hecho a mí”[1], aunque no lo supierais.
Original publicado en https://www.genethique.org/
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