Desde el caso de Karen Ann Quinlan, las perspectivas de quienes sufren daño cerebral grave se han quedado fijas en la mente del público. Esto ha llevado al abandono colectivo de estos pacientes, que reciben poco más que lo eufemísticamente llamado “custodia médica”. Trazando un paralelo con el movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos, y a partir del creciente conocimiento científico acerca de los pacientes en estado de conciencia mínima, este artículo desafía las antiguas presunciones y argumenta que la conciencia es un derecho humano básico, y que estos pacientes necesitan estar más plenamente integrados en la sociedad.
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