El autor analiza las diferencias entre la huelga de hambre que ha llevado a la muerte al disidente cubano Orlando Zapata y las acaecidas en nuestro país con casos de terroristas o de la activista Aminatu Haidar. Suscribe la doctrina del Tribunal Constitucional ante las huelgas de hambre, cuya finalidad era asegurar la correcta asistencia médica.
Cierta frivolidad sobre la muerte, la resistencia ante la tiranía y los propios fines de los tiranos han tergiversado todo el debate sobre la acción médica ante una huelga de hambre. Recuerdo que con el caso de la resistente saharaui Aminatu Haidar hubo expertos que redujeron todo el problema a una simple aplicación de la famosa regla de autonomía, leída unilateralmente, como si la muerte como resultado directo fuera un tratamiento, la discusión sobre un tratamiento o la no iniciación de un tratamiento.
El caso del disidente cubano, Orlando Zapata, su huelga de hambre, su vida y su muerte ha aclarado mucho y puede servirnos para reflexionar sobre la trivialización que hemos sufrido en España, impulsados por los trivializadores de la “muerte digna”, asociados o por asociar, e incluso por los trivializadores de la huelga de hambre como instrumento político.
La huelga de hambre de Zapata es clásica en su inicio y su desarrollo. Último recurso del individuo frente a la acción del Estado brutal, la huelga de hambre tiene una amplia tradición como acción ética y justificada, como elemento básico de la resistencia civil. No debe confundirse entonces con la acción del grupo terrorista que abre un frente de huelgas de hambre, como en el caso de De Juana Chaos, mientras mantiene la presión criminal de los atentados en otro frente.
La huelga, recurso de dignidad
Sabemos, al menos desde Solschenitzin y su archipiélago, que la huelga de hambre vale poco frente al Estado totalitario, que te aplasta en el secreto de la celda, pero que es el último recurso de la dignidad y puede servir frente al Estado postotalitario que teme a veces eso que se llama la opinión. Cierto es que en algunos países como el nuestro el agitpro y la indiferencia juegan a favor del Estado postotalitario, como si nuestra función fuera no irritar al tirano para que complacido sea menos tirano o al menos mantenga la llama sagrada de la ideología.
Zapata ha caído víctima del peculiar totalitarismo caribeño que oscila entre el puro estalinismo y las épocas del socialismo real que dieron lugar a movimientos como Carta 77. Un rostro apenas humano que se muestra vendiendo presos a España, como si Cuba fuera la máquina de secuestro y extorsión de sus propios ciudadanos.
Una doctrina acertada
Cuando nuestro Tribunal Constitucional se planteó la acción ante la huelga de hambre, o más específicamente la acción médica durante una huelga de hambre, muchos criticaron la insistencia en la responsabilidad de la Administración penitenciaria como justificación de la asistencia médica.
Parecía que fundamentar la alimentación por sonda y los mínimos cuidados en la especial responsabilidad del Estado respecto al preso debilitaba, por un lado, la necesidad de acción en casos normales y, por otro, limitaba la libertad del preso.
El razonamiento del Constitucional, sin embargo, no giraba en el vacío. Cualquiera que supiese sobre huelgas carcelarias de uno u otro tipo concordaría en que lo principal desde el punto de vista de la acción del Estado y de la protección del preso era asegurar la correcta asistencia médica.
A la vista del comportamiento de los estados totalitarios y aún autoritarios, desde la conflictiva relación entre derechos civiles y realidad jurídica española, esto es esencial y el tribunal acertó claramente en su juicio. Más aun cuando el juzgador de instancia había aclarado con acierto que el cuidado para el que se solicitaba autorización no tenía nada que ver con la brutal y vieja alimentación forzosa, que tanto rechazo provocaba en el tradicional análisis de las huelgas de hambre. Recuérdese que en numerosos casos especialmente en el Estado soviético se llegó a las palizas, al embudo o a quebrar los dientes.
Si miramos la realidad del trato en el sistema autoritario o totalitario vemos que el problema que se plantea ante la huelga de hambre no es tanto el límite deontológico entre cuidado, tratamiento y autonomía como la conversión del médico en un verdadero “médico de los esclavos”.
Es decir, la realidad de la tentación que observamos es que el médico en el tratamiento al preso puede convertirse en puro agente del poder represor sin atender a su fin terapéutico ni a su obligación deontológica con el propio preso en huelga de hambre.
De hecho, hay razones para pensar que todo lo que se hizo con Orlando estaba centrado en domeñarle o en ir cumpliendo las instrucciones de la seguridad del Estado con el fin de que sirviera de escarmiento. Debemos recordar que en el totalitarismo no hay ni conciencia ni deontología ni nada, todo un aviso ante las pretensiones de quienes nos hablan de que basta la ley formalmente aprobada para superar cualquier duda personal o corporativa.
Mucho se dijo sobre Aminatu Haidar: que no era una presa, que se negaba al tratamiento, que la asistencia era ilegal, etc. La verdad es que en su momento ella pidió la asistencia médica y la recibió inmediatamente y nadie pensaba que esa asistencia interfería en su acción de conciencia. De hecho, el Estado autoritario marroquí, presionado por Francia y Estados Unidos, cejó en la directa violación de los derechos de la activista saharaui.
Por el contrario, el Estado postotalitario o quizás totalitario renovado de Cuba ha dejado morir a Zapata; incluso parece que la no asistencia recibida da la razón a las precauciones de nuestro Tribunal Constitucional, aunque una situación así desde luego es inimaginable entre nosotros.
La realidad tiene esto. Muestra con claridad cuáles son las responsabilidades de la Administración penitenciaria y cuáles las obligaciones deontológicas del médico, más allá de las construcciones de laboratorio que convierten la mera asistencia en injerencia intolerable o trivializan la realidad profunda y metafísica de la muerte.
Publicado en Diario Médico, 3 de marzo 2010
