Las ministras de Agricultura y Medio Ambiente expresan posturas enfrentadas sobre estos productos Los productos genéticamente modificados tienen desde ayer vía libre para entrar de nuevo en el mercado de la UE, después de seis años en los que no se concedió ninguna autorización ante las dudas de varios países sobre …
Las ministras de Agricultura y Medio Ambiente expresan posturas enfrentadas sobre estos productos
Los productos genéticamente modificados tienen desde ayer vía libre para entrar de nuevo en el mercado de la UE, después de seis años en los que no se concedió ninguna autorización ante las dudas de varios países sobre sus riesgos para la salud humana.La Comisión Europea acabó ayer con esta moratoria «de facto» al aprobar la comercialización de una variedad de maíz dulce transgénico denominada «Bt-11» durante los próximos diez años. A partir de ahora, la Comisión espera que el proceso de aprobación de transgénicos sea más sencillo, según explicó ayer el comisario Byrne.
Javier Jiménez
Bruselas- La medida afecta al maíz que la empresa productora, la suiza Syngenta, vende enlatado para consumo humano, ya que en la actualidad se utiliza para la alimentación de animales y en productos alimenticios derivados, como el aceite o la harina de maíz. Sólo podrá venderse maíz importado, ya que otra petición para cultivarlo en suelo de la UE está todavía pendiente de resolución, que se producirá probablemente en junio.
La decisión favorable al «Bt-11» recayó en la Comisión Europea después de que durante varios meses los socios comunitarios no se pusieran de acuerdo sobre la conveniencia de autorizar nuevos transgénicos. La mitad estaban a favor y la otra mitad en contra. En la última votación, el Gobierno se abstuvo, mientras que el Ejecutivo del PP había mostrado una posición favorable a los OGM.
El comisario europeo de Salud y Protección de los consumidores, David Byrne, defendió la autorización del «Bt-11» basándose en informes científicos y en la estricta legislación europea que desde abril regula el etiquetado y seguimiento de estos productos durante toda la cadena alimentaria, lo que en su opinión ofrece suficientes garantías de seguridad. Por tanto, insistió ayer Byrne, «no se trata de un problema de seguridad alimentaria sino de la elección del consumidor», que será «libre de elegir lo que quiere comprar». Casi en idénticas palabras se expresó ayer un portavoz de Syngenta, aceptando el reto de convencer a los ciudadanos de las bondades de los OGM: «Si los alimentos [genéticamente modificados] serán aceptados o no depende de los consumidores europeos».
No opinan lo mismo grupos ecologistas como Greenpeace, Amigos de la Tierra o Ecologistas en Acción, o algunas organizaciones de consumidores como la CECU, que ayer criticaron la decisión de la Comisión y aseguraron que se ha autorizado esta variedad en contra de los consumidores europeos.
Estos productos, en todo caso, ya habían llegado al mercado comunitario antes de la instauración de la moratoria en 1998. 16 variedades fueron aprobados antes de esa fecha. A partir de ahora, según Byrne, se espera que «el proceso de aprobación sea más sencillo», ya que confía en que la polémica se vaya diluyendo: «A medida que se vaya haciendo más veces la gente se acostumbrará». La UE tiene pendiente de decisión 33 solicitudes de autorización. Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se mostró «sorprendida» por la decisión y aseguró que «si en la UE hay un país que se debe sentir preocupado por un menor impulso en la Comisión Europea en cuanto a evitar efectos no deseables de la proliferación en el uso de materiales genéticamente transformados, es precisamente España». Y anunció que el Ejecutivo intentará «aumentar la prudencia en la capacidad de control hacia todo lo que ¬a su juicio¬ es herencia del anterior Gobierno, que ha convertido a España en el «granero del maíz transgénico de Europa».
Sin embargo, fuentes del Ministerio de Agricultura explicaron que no permitir a los agricultores comunitarios cultivar el nuevo maíz supondrá «un agravio comparativo» para los productores, a la vez que recordaron que España se abstuvo en el último Consejo de ministros de Agricultura porque consideró que faltan informes científicos sobre el tema.
Publicado en La Razón
