En España, y en el resto del planeta, hay algunos partidarios de que se legalice –o se despenalice, lo que vendría a ser lo mismo- la eutanasia. Parece que una parte mayor de personas y de estados no lo son. En el tratamiento de este asunto conviene ser muy cuidadosos …
En España, y en el resto del planeta, hay algunos partidarios de que se legalice –o se despenalice, lo que vendría a ser lo mismo- la eutanasia. Parece que una parte mayor de personas y de estados no lo son.
En el tratamiento de este asunto conviene ser muy cuidadosos porque se trata de situaciones con una fuerte carga emotiva y humana. El dolor y el sufrimiento constituyen un misterio que, en muchas ocasiones, se hace difícil afrontar sin los recursos humanos y éticos adecuados.
Por otra parte, existe una cierta confusión a la hora de explicar qué acciones son eutanasia, y cuáles son una legítima suspensión de tratamientos que resultan fútiles o suponen un cierto encarnizamiento.
En el año 2002 la Organización Médica Colegial Española, consciente de esta confusión, recogía en una declaración que “el concepto de eutanasia debe incluir exclusivamente la acción u omisión, directa e intencionada, encaminada a provocar la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal, a petición expresa y reiterada de ésta. Aunque etimológicamente signifique ‘buena muerte’, actualmente es un término circunscrito a esta definición.”
Si recordamos el caso de Ramón Sampedro –recogido en la magnífica película Mar adentro, de Amenábar-, en el que la muerte se produjo por la ingestión de un veneno tomado voluntariamente, estaríamos ante un caso típico de asistencia al suicidio, y en definitiva de una eutanasia llevada a cabo mediante una acción concreta.
Un caso similar pero por omisión, podría ser el también reciente de Terri Schiavo, en Estados Unidos. Una paciente, en estado vegetativo, a la que se le dejó de suministrar alimentación e hidratación. En este caso se trataría de la omisión de unos cuidados que, normalmente son considerados ordinarios.
Un caso muy distinto es el de Jorge León, el pentapléjico recientemente fallecido. Las circunstancias de su muerte están siendo investigadas por la policía, y permanecen bajo secreto sumarial. El hecho de que hubiese manifestado en repetidas ocasiones su deseo de morir, y la falta de detalles sobre cómo se ha producido esta muerte, está siendo utilizado por algunas personas para pedir la legislación de la eutanasia.
Sin embargo, se trata de una situación con diferencias muy importantes. Jorge estaba en una situación final de un estado irreversible, dependiendo de un respirador lo que le estaba produciendo frecuentes infecciones respiratorias.
La respiración asistida es un tratamiento que en circunstancias normales exige el consentimiento del paciente. Cualquier persona enferma puede renunciar a un tratamiento por considerarlo desproporcionado al beneficio que le produce. De aquí que podría haber solicitado la suspensión de ese tratamiento, que podría haberse llevado a cabo tras una sedación para evitar el sufrimiento.
Jorge habría fallecido propiamente no por la retirada del respirador sino por su incapacidad de respirar, y el respirador no es una cuidado ordinario que se deba aplicar siempre, sino una medida claramente invasora.
Esta decisión habría sido perfectamente legal, y entra dentro de lo que la OMC llama tratamientos fútiles y encarnizamiento terapéutico. No es necesario, pues, acudir a una legalización de la eutanasia para atender estas situaciones.
Parece que no es buena práctica democrática argumentar con hechos aislados para introducir nuevas situaciones sociales. Es cierto que la legalización de la eutanasia satisfaría los deseos de algunas personas individuales, pero también supondría importantes dificultades para muchos otros. En Holanda, donde la eutanasia en niños es legal hasta los 12 años, el 59% de las muertes infantiles en el primer año de vida está relacionado con la acción activa de un médico. También en este país, un tercio de los casos de eutanasia se han llevado a cabo sin el consentimiento del enfermo. Estas irregularidades se producen en Holanda, país que, por otra parte, suele aplicar con bastante rigor las leyes. ¿Qué ocurriría en países con menos escrúpulos a la hora de saltarse su propia legislación?
Publicado en Canarias7 14-05-2006
